El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció que personal del Ejército y la Guardia Nacional (GN) asesinaron a tres personas en una ejecución extrajudicial en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entre las vpictimas hay una niña de ocho años.
De acuerdo con la organización no lucrativa, el presunto crimen ocurrió entre el viernes 11 y el sábado 12 de octubre mientras los efectivos federales “perseguían a presuntos delincuentes”, en dos eventos distintos.
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El primero ocurrió el 11 de octubre cuando una de las víctimas, Yuriccie Rivera Elizalde, de 46 años, enfermera del IMSS, viajaba en una camioneta particular con su esposo e hijo en calles del fraccionamiento La Fe cuando “recibió un disparo en la cabeza presuntamente por un efectivo del Ejército y murió de manera interior del vehículo”.
CDHNL asegura que testigos presenciales detallaron que el hecho ocurrió durante una persecución contra “civiles armados cuando comenzaron a dispararles sin importarles que a su alrededor había decenas de familias”.
Una vez que los militares advirtieron los gritos de auxilio de los familiares de Yuricie Rivera, se detuvieron y “decidieron huir del lugar para evitar responsabilidades penales”.
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Un día después, en un operativo coordinado por integrantes de la GN y el Ejército, persiguieron a un vehículo particular y en el fuego cruzado quedaron atrapadas Lidia Galván Reséndiz y su nieta de ocho años, Lidia Iris Fuentes Galván, quienes viajaban en un vehículo particular.
El vehículo “quedó prensado entre dos camionetas” y de acuerdo con la mujer, los efectivos federales comenzaron a disparar hacia su vehículo e hirieron en la cabeza a Lidia Iris, quien se encontraba agachada en el asiento delantero intentando protegerse de los disparos.
«En lugar de brindarnos auxilio, uno de los militares se acercó al carro y nos apuntó con el arma, mientras que otro de ellos pidió que detuvieran los disparos y nos trasladaron al hospital. Yo les pregunté por qué nos dispararon si no hicimos nada y uno de los soldados me dijo que lo perdonáramos», narró la presunta víctima.
Una vez que terminó la balacera, servicios de emergencia la trasladaron al Hospital General de Nuevo Laredo, donde falleció minutos después.
En el caso de la tercera víctima, se trató de un joven de 18 años identificado como Diego Alfredo, quien “quedó atrapado en una camioneta que perseguían efectivos federales en calles del fraccionamiento Palmares”. El CDHNL señala que este joven habría sufrido un secuestro, ya que “presentaba huellas de tortura en diferentes partes de su cuerpo y no portaba armas ni equipo táctico”.
No hay postura oficial sobre estos tres casos
Ante la denuncia, la Sedena no ha emitido algún pronunciamiento, ni tampoco el gobierno de Tamaulipas o alguna otra autoridad estatal.
“Ni el gobierno del estado ni la Fiscalía General de Justicia o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas han ofrecido una versión oficial de lo sucedido en Nuevo Laredo condenando el uso excesivo de la fuerza, mucho menos ofreciendo ayuda a los familiares de las víctimas para hacerse cargo de los gastos funerarios y en caso de los testigos sobrevivientes, gastos médicos o psicológicos”, denunció la CDHNL.
La denuncia de esta organización está dirigida a la presidente, Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Treviño Trejo, al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y a la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas.
