domingo, septiembre 25, 2022
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Policía de Guerrero desarma a autodefensas de la UPOEG y detiene a su comandante en Acapulco

Policía Guerrero

En un operativo conjunto entre policías estatales de Guerrero, marinos e integrantes de Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo para desarmar a grupos de autodefensas pertenecientes a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en tres comunidades del municipio de Acapulco.

Además, detuvieron al comandante de la UPOEG en el municipio de Florencio Villarreal, en la Costa Chica, José Manuel Hernández, junto con otro integrante de la autodefensa.

La Secretaria de Seguridad Pública de Guerrero informó en un comunicado del operativo realizado en las comunidades de Tres Palos, Nicolás Bravo y Las Chanecas, porque consideró que los autodefensas son como generadores de violencia, tanto en Acapulco y Florencio Villarreal.

La dependencia estatal señaló que y específicamente, la UPOEG, es uno de los objetivos prioritarios de las dependencias de seguridad.

 

Detienen a 9 presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Edomex

La Familia Michoacana

Policías del Estado de México detuvieron a nueve presuntos integrantes de una célula delictiva de La Familia Michoacana Luvianos, en el municipio de Luvianos, ubicado al sur de la entidad. Los presuntos criminales están acusados de delitos contra la salud.

En una tarjeta informativa, la policía estatal informó que los presuntos criminales se habrían atrincherado al interior de una escuela, cuando fueron detectados por los policías que realizaban un recorrido de rutina en la carretera que conduce a la comunidad Cruz de Clavo, por lo que iniciaron un operativo.

Al arribar al sitio, los uniformados detectaron escondidos en la maleza a los nueve sospechosos, quienes fueron detenidos y responden a los nombres de: Jaime “N” de 39 años de edad, Diego “N” de 36 años, Carlos «N» de 20 años, René “N” de 37, Julio “N” de 31 años, Víctor “N” de 24 años, Ana “N” de 28 años, Gladis “N” de 28 y Nabil “N” de 35 años de edad.

La policía no especificó el motivo de la toma de las instalaciones del plantel escolar. No se reportaron lesionados por estos hechos.

En el operativo fueron localizadas tres plantas de aparente marihuana, tres pantalones, tres chamarras y tres camisolas con estampado de camuflaje, similar al que usa el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); así como un pantalón parecido al uniforme de la Guardia Nacional (GN).

Los probables responsables fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Justicia de Tejupilco, donde se deslindarán responsabilidades. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que los detenidos pertenecen a una organización criminal en el estado de Michoacán, presumiblemente La Familia Michoacana.

Suspenden nuevamente el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo a prisión domiciliaria

Miguel Ángel Félix Gallardo

El juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México suspendió por segunda ocasión el traslado del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, del penal de Puente Grand, Jalisco, a un inmueble autorizado, para continuar su condena en prisión domiciliaria.

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco informó que la salida del criminal se realizará hasta que se resuelvan fallas con la empresa que proporcionará el brazalete electrónico, que el sentenciado portará por instrucción de un del juez.

El organismo reportó en un comunicado que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el traslado de Félix Gallardo a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Morelos y subsanar algunas fallas de la empresa que supervisará el brazalete electrónico.

Sin embargo, se negó el traslado a un Cefereso y pospuso la medida hasta que sea viable la colocación del brazalete electrónico.

La medida en favor de Félix Gallardo obedece a su delicado estado de saludo, por el que se le ha dado una expectativa de vida no mayor a tres años. El narcotraficante iba a ser trasladado el pasado 15 de septiembre, para que pudiera continuar el resto de su condena por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

El narcotraficante está preso desde 1989 por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), así como por narcotráfico.

Nacido en 1946 en Culiacán, Sinaloa, el también apodado como “El Padrino” estuvo en la extinta Policía Judicial Federal cuando era joven, y después se desempeñó como escolta de los hijos del ex gobernador de Sinaloa, Rodolfo Sánchez Celis, quien gobernó la entidad de 1963 a 1968.

 

Gobierno interpone denuncia contra juez que liberó a implicados en caso Ayotzinapa

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunciaron al juez federal Samuel Ventura Ramos por cometer probables irregularidades administrativas que derivaron en la libertad de 120 implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Por acuerdo del Gabinete de Seguridad, este viernes se presentó denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa”, informaron ambas dependencias en un comunicado conjunto.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador los subsecretarios de ambas dependencias, Alejandro Encinas y Ricardo Mejía, respectivamente, informaron que el gobierno tenía intenciones de interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República luego de dos sentencias dictadas por este juez en la última semana y media.

La primera liberación fue el 14 de septiembre pasado, cuando absolvió del delito de secuestro contra los 43 normalistas a 19 personas, incluidos el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. El miércoles, dictó otra sentencia a favor de 18, otorgándoles la libertad.

Debido a esta situación, Alejandro Encinas y el mismo presidente, señalaron que los argumentos usados por el juez no deberían ser más importantes que el derecho a la justicia que tienen las víctimas.

Esto, aun cuando el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, quien señaló que las críticas desde el Ejecutivo contra los jueces relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa son “injustas”, ya que se deben a estas se dan por las deficiencias en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).

“El presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el día de ayer (sic) respecto a las críticas que se hacen a las resoluciones de los jueces, él señala que no es el juez, sino que es la mala integración de los expedientes y de las averiguaciones que entregan las autoridades encargadas de la procuración de justicia (…)

“Aquí quiero comentarle al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo que nosotros, nuestro objetivo y nuestra obligación fundamental es velar por el derecho de las víctimas, el interés superior de las víctimas y su derecho a la verdad y la justicia, y es lo que queremos nosotros subrayar”, señaló López Obrador.

El Gabinete de Seguridad informó este viernes que presentó denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, a cargo de las áreas jurídicas ambas dependencias, ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) para ingresar la citada denuncia.

Algunos de los imputados permanecieron presos porque han sido procesados por otros delitos como delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Sismos en Colima dejan saldo de 3 personas muertas

Coppel Manzanillo sismo

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, informó que como consecuencia de los dos sismos ocurridos esta semana en las costas de Michoacán, han provocado la muerte de tres personas, dos de ellas, acaecidas durante la madrugada de este miércoles.

El más reciente de ellos fue un bebé de cinco meses, quien resultó lesionado por la explosión de un tanque de gas en el municipio de Tecomán, ocurrido el lunes y murió en Guadalajara, donde recibía atención médica por las quemaduras que sufrió. El menor fue trasladado en helicóptero junto con su madre y su hermano de ocho años y que también se reportan delicados.

El primer caso ocurrió el lunes en Manzanillo, cuando una mujer identificada como Antonia Sánchez, de 61 años, murió en el estacionamiento de una tienda Coppel, cuando le cayó encima parte de la fachada.

El segundo caso fue el del empresario de radio Rafael Canet, quien se encontraba en el gimnasio Capital Fitness del centro comercial Punta Bahía, en Manzanillo, cuando fue alcanzado por parte del techo, cuando colapsó.

La gobernadora indicó que se abrirá una investigación para determinar si existe algún delito por corrupción o negligencia que hayan provocado la muerte del empresario, pues el gimnasio donde murió había sido clausurado hace poco tiempo por Protección Civil.

“Este gimnasio había tenido ya observaciones por parte de Protección Civil municipal en épocas recientes y lo que tenemos que hacer es trabajar de manera conjunta, cuando hay una revisión tanto de Protección Civil municipal o estatal, una de las acciones que se les pide a los particulares es que ellos paguen este proceso de tener un diagnóstico de cálculo estructural, y lo que tendremos que hacer es si ya se había entregado este dictamen por parte del dueño del gimnasio y si el dictamen que se presentó contaba con todas las características o no para poder determinar algunas responsabilidades o deslindar las mismas”, indicó la mandataria.

Nadie investiga abusos de policía del gobernador Vila

Policía Yucatán
  • Nadie se atreve a investigar abusos de policía estatal de investigación de Yucatán, pese a los abusos denunciados

*Equipo de Investigación de El Independiente

Recientemente fueron difundidos diversos videos en sitios de internet y redes sociales en los que se señala a presuntos agentes y mandos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de Yucatán por la comisión de diversos delitos, entre ellos el delito de tortura y el robo de vehículo automotor. En el proceso de seguimiento de esta información surgen otros hechos y más dudas  sobre el actuar de agentes adscritos a la corporación que hacen preguntarse por qué la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SPP) todavía no se ha pronunciado al respecto.

En los videos mencionados se señala la participación amplia de diversos elementos de la Policía Estatal en complicidad con un grupo delictivo dedicado al robo de automóviles, alteración de números de registro de estos, así como la falsificación de documentos. Esta participación iría más allá de la “protección” por parte de la corporación porque en el interrogatorio ilegal que muestran las imágenes también se habla de cuotas y dinero que debe ser entregado a una persona señalada como “el viejo”, sin dar más detalles.

Una de las personas a las que sí se señala con nombre y apellido es a Juan Gabriel Ramírez Jiménez, quien virtualmente ejerce el mando de esta rama de seguridad. En información oficial obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el directorio oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán no existen registros de quién tiene el nombramiento de director en la Policía Estatal de Investigación (PEI) y coincidentemente tampoco existen referencias a Ramírez Jiménez. Este hecho hace considerar que existe algún tipo de acción institucional para no vincular a la SSP con este perfil controversial.

Antecedentes y otras acusaciones

No son nuevos los señalamientos en contra de estos elementos de la corporación. Por ejemplo, en testimonios de habitantes del municipio de Maxcanú, la misma persona estuvo involucrada el año pasado en un escándalo vinculado con la operación de un establecimiento denominado “Sac-be” dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y presuntamente se señaló la operación de un centro de trabajo sexual. De igual forma en la recomendación 17/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEY) se constata la participación de Ramírez en la privación ilegal de la libertad, así como la tortura física y psicológica de dos personas con el propósito de obtener una declaración.

En hechos más recientes, tras un operativo y diversas detenciones por delitos contra la salud y la modalidad de narcotráfico en la ciudad de Mérida se señaló que “El Grillo”, apodo que se señala reiteradamente a Ramírez, habitantes de la colonia Vergel protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Investigación del Estado de Yucatán (FGY).  En videos del hecho publicados por un medio local de Grupo Megamedia se denuncia que en el operativo se realizó el apoderamiento ilícito de bienes por parte de los agentes, así como la participación de Ramírez en el cobro de “cuotas a cambio de protección”.

Frente a las acusaciones viejas y las nuevas no han existido pronunciamientos por parte de la SSP ni de la Oficinas de Comunicación de otras de las instituciones vinculadas como la Fiscalía, la Secretaría local de Gobernación o el despacho del Gobernador; lo único a lo que se hizo alusión en un comunicado de fecha 13 de agosto de 2022 fue a la realización del operativo en cumplimiento de una orden judicial, junto con la participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Controles de confianza y sanciones en la SSP

El 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley marco que estructuró y restructuró los actuales modelos de policías estatales y municipales en México. Esta reforma se tradujo a nivel local en Yucatán a través del Decreto Número 375 del Poder Ejecutivo del Estado publicado en febrero de 2011, por el cual se crea el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo, que tiene por objeto fortalecer los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia de las instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de rigurosos mecanismos de control y evaluación de confianza del personal, que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La prueba de control de confianza tiene por objeto garantizar que la fuerza policial cuente con “elementos confiables y honestos que actúen con apego en la legalidad y la ética profesional, así como determinar la integridad del miembro del servicio, por medio de modelos de comportamiento y actitudes relacionados con su ámbito laboral”.

Estos controles son muy importantes, pero los datos parecen mostrar una realidad a medias. Para 2020 en el informe de evaluación presentado por la SSP a cargo de un consultor externo señalaba que a dos años de la nueva administración se habían invertido 32 millones 671 mil 672 pesos destinados a  1,206 evaluaciones de control de confianza a los elementos de la SSP y 603 a elementos municipales; a pesar de que los resultados mostrados son positivos, en una revisión rigurosa de la información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los controles de confianza no se han traducido en acciones de control interno, remociones o sanciones administrativas o de otro tipo. Considerando que estos procesos son amplios y evalúan las aptitudes físicas, psicológicas y éticas del personal de seguridad pública, resuena que por un lado existan 82 recomendaciones por parte de la CODHEY con alusión a actos constitutivos de tortura y 965 denuncias por el delito de tortura ante la (FGY) durante el último año, y por el otro, las evaluaciones muestren a una de las corporaciones policiacas mejor evaluadas del país.

¿Y quién investigará a la PEI?

Organizaciones de la sociedad civil como Indignación y Elementa han denunciado la poca celeridad que existe en casos de tortura denunciados ante la Fiscalía de Yucatán. Esto adquiere mayor relevancia si recordamos que la Policía Estatal de Investigación creada en 2016 tuvo en su conformación inicial 400 agentes provenientes de la extinta Policía Ministerial (antes FGY), es decir, fueron parte de la misma institución que ahora sería la encargada de investigarlos.

Para sumar otros datos al contexto de la PEI, Wilbert Cetina Arjona (exfiscal general de Yucatán) presentó su renuncia a la institución hace dos años dentro una serie de escándalos. El equipo de Central 9 de Grupo Megamedia difundió unos audios que ayudarían a fortalecer las hipótesis sobre posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, y aunque pareciera que en Yucatán se ha dado vuelta a la página luego de que el Congreso Local ya designara a un nuevo fiscal sin alguna repercusión o investigación para Cetina, los audios filtrados son reveladores.

De la voz del fiscal se puede escuchar: “No respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡puta, lo que quiera!”. Lo anterior no solo es importante porque Cetina se está refiriendo al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, sino que también lo es porque reconoce el contexto de detenciones arbitrarias, violencia policial y carta abierta a la SSP para cometer violaciones a derechos humanos.

Se desmorona la prisión preventiva oficiosa

  • El Fiscal mexiquense privilegia la presunción de inocencia, decretó no aplicar la PPO e impondrá el brazalete electrónico para libertad vigilada

Después de que un juez de Tabasco se negó a aplicar la prisión preventiva oficiosa porque se violaban derechos constitucionales, el fiscal del Estado de México determinó por medio de un decreto oficial la no aplicación de la PPO y su sustitución por brazaletes electrónicos para que los acusados sigan su proceso en libertad vigilada.

El pasado jueves 1 de septiembre fue publicado en la Gaceta del Gobierno el acuerdo 10/2022 emitido por el Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, en el que autoriza al Ministerio Público de la entidad federativa para que en los casos en los que proceda la prisión preventiva oficiosa, lo cual depende del tipo de delito que se persigue, se solicite y, en su caso, se sustituya esa medida cautelar por una diversa, esto es, por la colocación de localizadores electrónicos.

Para llegar a esa conclusión, el FGJEM tomó en consideración el derecho de libertad y el principio de presunción de inocencia protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como como lo ahí establecido en torno a que la prisión preventiva es una medida excepcional y subsidiaria, por lo que su aplicación debiera estar sujeta a un criterio de legalidad y necesidad, lo cual implica que su imposición es válida sólo cuando no existan otras medidas idóneas y menos lesivas para lograr el fin buscado.

Para robustecer los anterior, el FGJEM hace alusión al derecho internacional, pues considera lo que sobre la prisión preventiva establecen los artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Sexto de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre Medidas No Preventivas de la Libertad (Reglas de Tokio); igualmente, menciona el caso Ferris vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dónde se pronunció sobre el criterio de proporcionalidad en la imposición de la prisión preventiva.

Bajo tales consideraciones y tomando este enfoque en beneficio de los derechos humanos de las personas, el FGJEM determinó que deben analizarse los casos en donde la prisión preventiva oficiosa no sea proporcional y, por tanto, se pueda optar por otra medida más benéfica, siendo la más eficaz la del localizador electrónico.

Esta decisión establece que el localizador electrónico es una medida que facilita el control y monitoreo de la persona en tiempo real, “lo que permite garantizare la no sustracción a la acción de la justicia y el establecimiento de un cerco virtual que delimita su campo de acción”. Por tanto, el FGJEM estimó procedente autorizar a los agentes del Ministerio Público para solicitar ante el juez de la causa que se sustituya la prisión preventiva oficiosa por localizadores electrónicos.

Ahora bien, esto no quiere decir que la prisión preventiva oficiosa deba ser sustituida por los localizadores en todos los casos, pues el FGJEM estableció los lineamientos específicos para ello, los cuales pueden sintetizarse del siguiente modo:

  1. Antes de que el Ministerio Público pueda pedir la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, debe solicitar una evaluación de riesgo al Centro Estatal de Medidas Cautelares para que pueda contar con datos que le permitan decidir objetivamente sobre lo adecuado de su procedencia.
  2. La solicitud de sustitución procede en los siguientes delitos: robo bajo diversas circunstancias (con excepción de los cometidos en transporte público, quizás por el alto índice de comisión de robos en esa modalidad en la entidad); delitos contra la salud; extorsión sin agravantes; y ejercicio abusivo de funciones. No obstante, el acuerdo deja abierta la posibilidad de solicitarla en otros delitos donde procede la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando las circunstancias del caso concreto así lo permitan.
  3. Si el agente del Ministerio Público considera que procede la sustitución de la medida, primero debe solicitar la autorización del Vicefiscal General o de los Fiscales Centrales y, una vez obtenida, podrá acudir con el juez de la causa para hacer la solicitud correspondiente.
  4. La prisión preventiva oficiosa sólo puede sustituirse por el uso de localizadores electrónicos y, para que efectivamente proceda, la persona afectada por la medida debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma para ello, esto es: cubrir el costo del localizador, contar con teléfono fijo y móvil, tener domicilio en el Estado de México, etcétera.

Cabe recordar que, así como esta medida tomada por el FGJEM, un juez de control del Estado de Tabasco negó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por estimarla inconvencional, decisión que fue confirmada en segunda instancia.

De este modo es como algunas autoridades de la República están comenzando a tomar medidas, bajo el ámbito de sus actuaciones, para dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, por estimar que la medida cautelar en violatoria de los derechos humanos reconocidos y protegidos tanto en el derecho nacional como en el internacional.

Tabasco tampoco aplica la PPO

A finales de agosto, un juez de Tabasco también se negó a aplicar la PPO. Sus argumentaciones fueron las siguientes:

“Considero que la contradicción de tesis 2923/2011 de ninguna manera impide que se realice un control de convencionalidad respecto a la medida de prisión preventiva oficiosa y efectivamente yo considero que la prisión preventiva es inconstitucional por contravenir el orden internacional; ¿por qué inconstitucional?, porque ya dijo la Corte que los derechos humanos contenidos en la Constitución de fuente nacional y los internacionales constituyen un solo bloque de constitucionalidad y como es aquel artículo primero el que manda a que se tenga este parámetro en conjunto, tanto de fuente nacional como internacional, en realidad estamos hablando de parámetros de regularidad constitucional, aunque hablemos de fuente convencional”.

“El artículo 19 de la Constitución establece en auto la prisión preventiva por diversos delitos, cuando el marco internacional establece que no debe haber en automático la prisión preventiva, esto deriva de lo resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en diversos casos”.

“Por esta razón, como en la Corte Interamericana de quien se reconoció su jurisdicción contenciosa en 1998 y desde 2006 ha dicho la Corte Interamericana que hay que hacer un control de convencionalidad aun cuando el derecho interno o no sea acorde de la convención, se debe referir la convención y eso se reiteró en el caso Radilla Pacheco en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana, del caso radilla Pacheco se establece que todos los jueces deben preferir el orden convencional sobre nacional todos los jueces somos jueces interamericanos pues estamos obligados a optar por la protección más amplia, así que inaplicó los artículos 167 relativo de la ley para prevenir sancionar delitos en materia de hidrocarburos”.

Ante la petición del fiscal, el juez señaló: “yo inaplico estos preceptos y al quedarnos solamente con el 19 constitucional, artículos de la Convención, pacto internacional de los derechos civiles y políticos y las sentencias de la Corte Interamericana, yo aplico el principio pro homine y opto por aquella interpretación que da la protección más amplia qué son estas, ahora las 293, la propia 293 en su argumentación establece que el bloque de constitucionalidad está constituido por derechos humanos de fuente internacional como nacional y que no se relacionan de manera jerárquica entre sí.”

“En términos de la parte final del artículo primero del párrafo primero del artículo primero de la Constitución, haya una restricción, se debe estar a ella y ese párrafo primero parte final dice que los derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que diga esta Constitución”.

En su razonamiento, el juez afirmó: “los derechos humanos solo pueden restringirse cuando los disponga el jefe del Ejecutivo en casos de perturbación de la paz”, pero “en este caso el señor presidente de la República no ha ordenado que el derecho de presunción de inocencia, ni enfrentar un proceso en libertad aprobado por el Congreso, esté restringido en Tabasco o en todo el territorio nacional y por eso no es una restricción válida a las que se refiere la parte final del párrafo primero del artículo primero de la Constitución; por esta razón no es un impedimento para que se haga esta aplicación del principio pro homine respecto a la prisión preventiva oficiosa”,

Y concluyó: “como no hay necesidad de cautela, no puede imponerse ninguna medida cautelar (…) y no les voy a poner ninguna medida cautelar; ustedes (dirigiéndose a los acusados) tienen el derecho a gozar de su libertad en el proceso y en este momento quedan ustedes libres de retirarse del centro de Justicia.”

Indicador Político: Usan a los militares, pero les siguen negando marco jurídico

Adiestramiento Guardia Nacional

A pesar de que las Fuerzas Armadas son utilizadas en labores de seguridad pública por severas crisis de seguridad interior desde los años ochenta, por segunda ocasión el poder legislativo bloquea la creación y formalización de un marco jurídico indispensable para regular esa participación.

En diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por su derivación en la seguridad interior reconocida en la Constitución; sin embargo, presiones políticas y civiles condujeron a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la ley y se publicará su anulación en mayo de 2019.

En el 2018 y en el escenario de la creación de la Guardia Nacional, se incluyó el artículo Quinto transitorio que establecía una participación regulada de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública solo por cinco años, a la espera de la consolidación del nuevo cuerpo federal de seguridad, aunque con afirmaciones entonces de que una Guardia Nacional no podía estar al 100% de efectividad en cinco años y que se requerían como mínimo 15 años.

De manera formal, desde 2006 los militares comenzaron a insistir en su petición de crear un marco jurídico para su participación en seguridad pública-seguridad interior, pero en los hechos fueron lanzados como última línea de defensa del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico que estaban ocupando espacios territoriales e institucionales de la soberanía del Estado. La Ley de Seguridad Interior de 2017 formalizaba y regulaba esa participación con mucha precisión, sobre todo porque establecía la exigencia de que no se podía tomar la decisión cupular de desplazar fuerzas militares, sino que se requería un proceso legal y por escrito para fijar reglas y temporalidad.

La invalidación de la Ley de Seguridad Interior no afectó la responsabilidad militar en el apoyo a labores de seguridad pública, sobre todo porque es la hora en que los políticos y legisladores y grupos civiles se han negado a aceptar la doctrina militar-civil de la seguridad interior cuando los delitos dejan de afectar solo el patrimonio personal de los ciudadanos y generan condiciones sociales y territoriales que dificultan el funcionamiento económico, político, social y legal de la República.

Las Fuerzas Armadas no ingresaron a la seguridad pública como policías, sino como garantes de la seguridad interior ante la ocupación y captura territorial e institucional de partes del Estado por un crimen organizado que se ha fortalecido en los últimos años por la incapacidad de gobernantes, fuerzas policiacas y sectores de la sociedad civil para combatir a la delincuencia, con el reconocimiento por parte del Gobierno federal de que las fuerzas delictivas organizadas constituyen hoy un peligroso poder criminal cuasimilitar.

La votación del miércoles en el Senado mostró una aberración social y política: mientras la ciudadanía en general define un 80% de reconocimiento y apoyo a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública, los representantes senatoriales de esos ciudadanos le negaron a las Fuerzas Armadas el marco jurídico necesario no para perpetuarse en las labores policíacas, sino para colaborar por cuatro años adicionales a los cinco originales y permitir que la Guardia Nacional se consolide y profesionalice como cuerpo autónomo de seguridad.

La decisión del Senado de no apoyar la minuta de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para extender solo cuatro años el apoyo militar en seguridad pública-interior logrará que en el 2018 la Guardia Nacional aún en formación y profesionalización tenga que enfrentar a cárteles y bandas criminales que de manera paradójica se han fortalecido por el descuido o el apoyo de sectores civiles en toda la República. La alianza Fuerzas Armadas-Guardia Nacional logró someter a control a buena parte de los cárteles.

Los debates sobre el militarismo en el Senado olvidaron el marco de la seguridad del Estado y sobre todo ignoraron la existencia del modelo de seguridad interior que no es más que la caracterización de la violación de la soberanía y la independencia nacionales por grupos delictivos al interior de la República, y menos aún reconocieron que los cárteles del crimen organizado son un poder cuasimilitar que quiere desplazar al Estado como la autoridad única en la República.

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  • Política para dummies: La política, decía Machiavelli, es el Estado.
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Expuestas a sismo 38 millones de personas en 12 estados: CNPC

Sismo, Coalcoman

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) poco más de 38 millones de personas estuvieron expuestos al sismo de 6.9 grados que se registró a las 01:16 horas de ayer jueves.

El sismo que tuvo como epicentro la zona ubicada a 84 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán fue percibido en Jalisco, Guerrero, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Los datos de la CNPC indican que en las 12 entidades se registran 11 millones 940 mil viviendas que percibieron el sismo que se detectó a la 01:16 horas.

Entre los reportes de las unidades estatales de protección civil están:

  • Michoacán: Sismo percibido fuerte en todo el estado y con reporte de evacuación de inmuebles.
  • Jalisco: Sismo percibido fuerte en todo el estado y sin reporte de afectaciones al momento.
  • Morelos: Sismo percibido fuerte en todo el estado y sin reporte de afectaciones al momento.
  • CDMX: Sismo percibido moderado a fuerte en toda la ciudad y con reporte de evacuación de inmuebles.
  • Colima: Sismo percibido fuerte en todo el estado y sin reporte de afectaciones al momento.
  • Nayarit: percibido en zonas costeras y sin reporte de afectaciones al momento.

Principales articulistas y columnistas en temas de seguridad y defensa (CEEPS)

Viernes 23 de septiembre de 2022

Elaboración: Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, Presidente y director general: Mtro. Carlos Ramírez Hernández 

Resumen de primeras planas  

🡺Primeras Planas Nacionales 23 de septiembre de 2022 

🡺Primeras Planas Internacionales 23 de septiembre de 2022

 

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Principales secciones especializadas en asuntos internacionales y de seguridad nacional

30.° aniversario de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede | El Heraldo de México

La derecha italiana corona a Meloni como su nueva reina / EL PAÍS

 

Estados Unidos

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/ (declaraciones diarias del gobierno de Biden)

https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president-biden-job-approval-7320.html (encuestas diarias de aprobación/desaprobación de Biden)

https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/other/FavorabilityRatingsPoliticalLeaders.html (Encuestas diarias de aprobación/desaprobación de líderes de EU)

https://www.nytimes.com/es/ New York Times en español.

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https://la-lista.com  (The Guardian México

https://www.homelandsecuritynewswire.com (Noticias diarias de seguridad nacional de EU)

 

Indicador Político TV

La agenda de La Crisis

 

Documentos Relevantes en temas de Seguridad y Defensa

La doctrina de Washington: “sólo importamos nosotros”, dice Chomsky, David Brooks, Perfil

Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021, México

Homeland Security News Wire, Estados Unidos

Encuesta nacional de seguridad pública urbana (junio 2021), INEGI, México

Orientación Estratégica Provisional de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Gobierno de los Estados Unidos, 2021

El Estado y el Mar: relaciones con el Poder Marítimo, el Poder Naval y el desarrollo nacional, Colombia, 2017

Transparencia y vigilancia en México, R3D México, 2019

 

Principales centros de investigación de seguridad nacional en México, Estados Unidos, Europa y América Latina

Indicador Político, México

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en México

Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, México

Centro de Estudios Superiores Navales, México

Observatorio Nacional Ciudadano, México

Centro de Relaciones Internacionales FCPyS-UNAM, México

Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, México

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), México

Centro de Estudios Políticos FCPyS-UNAM, México

Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, República Dominicana

Centro De Seguridad y Defensa, Ecuador

Escuela Naval Militar, Argentina

Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales, Colombia

National Strategic Research Institute, University of Nebraska, Estados Unidos

RAND Corporation, California, Estados Unidos

Homeland Security News Wire, Estados Unidos

Center for Strategic and International Studies, Estados Unidos

U.S. Naval Academy, Estados Unidos

Naval War College, Estados Unidos

l’Institut Français des Relations Internationales, Francia

Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, España

Instituto Español de Estudios Estratégicos, España

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, España

European Union Institute for Security Studies, Europa

International Institute for Strategic Studies, Reino Unido

King’s College, School of Security Studies,  Reino Unido

Barcelona Centre for International Affairs, España

Foregion Affairs, Estados Unidos

Stratfor, Estados Unidos