Recientemente he tenido la oportunidad de revisar la edición 2022-2023 del Índice de Estado de Derecho en México, elaborado por el World Justice Project (WJP). El documento es una herramienta que mide el grado de adhesión al Estado de Derecho en los 32 estados de México, a través de encuestas realizadas a más de 12,800 personas y 2,000 especialistas. Es importante mencionar que este estudio es realizado por el WJP en más de 140 países para medir la percepción ciudadana del Estado de Derecho, abordando temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, derechos fundamentales y acceso a la justicia. En el caso de documento que nos compete, es importante mencionar que es un índice subnacional con una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en México y utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el Índice de Estado de Derecho global del WJP.
Para esto la métrica se compone de 42 subfactores y ocho factores, que incluyen límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos factores resumen distintas manifestaciones del Estado de Derecho y proporcionan información sobre las fortalezas y debilidades institucionales de cada estado. La metodología del Índice de Estado de Derecho de WJP se basa en información de primera mano, recopilada a través de encuestas aplicadas a la población general, especialistas en diversas áreas del derecho y otras fuentes institucionales. El objetivo del Índice es servir como herramienta para la toma de decisiones, siendo utilizado en documentos oficiales de planeación por el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales de México.
Del mismo modo, el reporte está dirigido a una audiencia amplia que incluye congresistas, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la comunicación y la academia. Su propósito es identificar las fortalezas y debilidades de cada estado y fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México. Entre las principales características principales que distinguen al estudio de otras mediciones e índices podemos citar:
- Enfoque en el Estado de Derecho en la práctica: El Índice se centra en los resultados e impactos de las políticas públicas, como el acceso a tribunales y la efectividad en el control de la delincuencia, en lugar de medir simplemente aspectos formales como leyes o medidas institucionales.
- Marco teórico exhaustivo y multidimensional: A diferencia de otros índices que se enfocan en aspectos específicos del Estado de Derecho, este índice examina todos los elementos que componen el Estado de Derecho de manera integral.
- Perspectiva de la gente ordinaria: El Índice se basa en las experiencias y situaciones cotidianas de las personas, como el acceso a servicios públicos o la resolución pacífica de disputas vecinales a través de mediación independiente.
- Datos actuales anclados en experiencias reales: El Índice se construye principalmente a partir de datos primarios obtenidos de encuestas aplicadas a la población general y a especialistas, lo que garantiza que los hallazgos reflejen las experiencias y condiciones reales de diversos sectores de la población, incluyendo a los grupos más vulnerables.
- Adaptado a la realidad de México: Aunque el Índice utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el Índice de Estado de Derecho global, se adaptó a la arquitectura institucional de México, las competencias de los distintos niveles de gobierno y la disponibilidad de datos, para reflejar la realidad específica del país.
Sobre la edición 2022-2023 es importante mencionar que esta es la quinta edición de esta medición aplicada a las 32 entidades federativas del país. Como mencionamos al inicio de este texto, para alcanzar los resultados se aplicaron más de 12 mil encuestas a personas en todo el país, así como de 2,089 especialistas y diversas fuentes terciarias. Sobre su ponderación es importante decir que el índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 representa la máxima adhesión al Estado de Derecho., mientras cero la más lejana.
En esta edición ninguna de las 32 entidades federativas del país ha alcanzado una calificación idónea ni ha obtenido un puntaje superior a 0.5, lo que indica que todas las entidades del país enfrentan grandes desafíos en la materia. Los estados con los puntajes más altos son Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, mientras que los estados con los puntajes más bajos son Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo.
Entre los factores que se asociación a los puntajes más altos se encuentran:
- Buen desempeño en el factor de cumplimiento regulatorio: Estos estados podrían destacarse en aspectos relacionados con el cumplimiento de regulaciones y leyes, lo que contribuye a un entorno propicio para el Estado de Derecho. Esto implica que las instituciones y organismos encargados de hacer cumplir la ley y las regulaciones funcionan de manera efectiva.
- Mejorías en el sistema de justicia civil: El índice indica que hubo incrementos en los puntajes del factor de justicia civil en estos estados. Esto podría significar que tienen sistemas de justicia civil más eficientes y ágiles, lo que garantiza un acceso más equitativo y efectivo a la justicia.
- Enfoque en la seguridad y el control del crimen: Estos estados podrían estar implementando políticas y medidas efectivas para garantizar la seguridad y el control del crimen. Esto puede tener un impacto positivo en la percepción de seguridad de la población y en la capacidad de las instituciones para mantener el orden y la seguridad.
- Gobierno abierto y transparencia: Es posible que estos estados hayan implementado políticas y prácticas que promueven la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Esto contribuye a un gobierno más abierto y responsable, lo que fortalece el Estado de Derecho.
En contraposición, los países con el menor puntaje presentan esta condición a razón de las siguientes variables:
- Cierre del espacio cívico: El espacio para que la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa actúen como un contrapeso efectivo al gobierno se ha reducido en estos estados.
- Estancamiento en la lucha contra la corrupción: Ha habido pocos avances en la lucha contra la corrupción en estos estados.
- Avances en el sistema de justicia civil: Ha habido algunas mejoras en el sistema de justicia civil en estos estados, pero aún existen desafíos importantes.
- Estancamiento y desafíos persistentes en justicia penal: El sistema de justicia penal en estos estados aún enfrenta desafíos significativos.
Además de estos factores, el reporte también menciona que la percepción de seguridad en estos estados es baja, y los mecanismos de resolución alternativa de conflictos (MASC) no están tan desarrollados como deberían. Algunas tendencias destacadas incluyen la contracción del espacio cívico por tercer año consecutivo, los desafíos persistentes en seguridad, el estancamiento en la lucha contra la corrupción y los avances en el sistema de justicia civil. Sin embargo, el sistema de justicia penal muestra una tendencia al estancamiento y retos persistentes.
En resumen, el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 revela los desafíos y avances en la adhesión al Estado de Derecho en el país, proporcionando información valiosa para comprender y abordar los aspectos relacionados con la gobernabilidad y el respeto a los derechos fundamentales. Una fuente confiable de información para la consulta estimado lector.
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