Nadie investiga abusos de policía del gobernador Vila

61
Policía Yucatán
  • Nadie se atreve a investigar abusos de policía estatal de investigación de Yucatán, pese a los abusos denunciados

*Equipo de Investigación de El Independiente

Recientemente fueron difundidos diversos videos en sitios de internet y redes sociales en los que se señala a presuntos agentes y mandos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de Yucatán por la comisión de diversos delitos, entre ellos el delito de tortura y el robo de vehículo automotor. En el proceso de seguimiento de esta información surgen otros hechos y más dudas  sobre el actuar de agentes adscritos a la corporación que hacen preguntarse por qué la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SPP) todavía no se ha pronunciado al respecto.

En los videos mencionados se señala la participación amplia de diversos elementos de la Policía Estatal en complicidad con un grupo delictivo dedicado al robo de automóviles, alteración de números de registro de estos, así como la falsificación de documentos. Esta participación iría más allá de la “protección” por parte de la corporación porque en el interrogatorio ilegal que muestran las imágenes también se habla de cuotas y dinero que debe ser entregado a una persona señalada como “el viejo”, sin dar más detalles.

Una de las personas a las que sí se señala con nombre y apellido es a Juan Gabriel Ramírez Jiménez, quien virtualmente ejerce el mando de esta rama de seguridad. En información oficial obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el directorio oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán no existen registros de quién tiene el nombramiento de director en la Policía Estatal de Investigación (PEI) y coincidentemente tampoco existen referencias a Ramírez Jiménez. Este hecho hace considerar que existe algún tipo de acción institucional para no vincular a la SSP con este perfil controversial.

Antecedentes y otras acusaciones

No son nuevos los señalamientos en contra de estos elementos de la corporación. Por ejemplo, en testimonios de habitantes del municipio de Maxcanú, la misma persona estuvo involucrada el año pasado en un escándalo vinculado con la operación de un establecimiento denominado “Sac-be” dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y presuntamente se señaló la operación de un centro de trabajo sexual. De igual forma en la recomendación 17/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEY) se constata la participación de Ramírez en la privación ilegal de la libertad, así como la tortura física y psicológica de dos personas con el propósito de obtener una declaración.

En hechos más recientes, tras un operativo y diversas detenciones por delitos contra la salud y la modalidad de narcotráfico en la ciudad de Mérida se señaló que “El Grillo”, apodo que se señala reiteradamente a Ramírez, habitantes de la colonia Vergel protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Investigación del Estado de Yucatán (FGY).  En videos del hecho publicados por un medio local de Grupo Megamedia se denuncia que en el operativo se realizó el apoderamiento ilícito de bienes por parte de los agentes, así como la participación de Ramírez en el cobro de “cuotas a cambio de protección”.

Frente a las acusaciones viejas y las nuevas no han existido pronunciamientos por parte de la SSP ni de la Oficinas de Comunicación de otras de las instituciones vinculadas como la Fiscalía, la Secretaría local de Gobernación o el despacho del Gobernador; lo único a lo que se hizo alusión en un comunicado de fecha 13 de agosto de 2022 fue a la realización del operativo en cumplimiento de una orden judicial, junto con la participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Controles de confianza y sanciones en la SSP

El 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley marco que estructuró y restructuró los actuales modelos de policías estatales y municipales en México. Esta reforma se tradujo a nivel local en Yucatán a través del Decreto Número 375 del Poder Ejecutivo del Estado publicado en febrero de 2011, por el cual se crea el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo, que tiene por objeto fortalecer los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia de las instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de rigurosos mecanismos de control y evaluación de confianza del personal, que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La prueba de control de confianza tiene por objeto garantizar que la fuerza policial cuente con “elementos confiables y honestos que actúen con apego en la legalidad y la ética profesional, así como determinar la integridad del miembro del servicio, por medio de modelos de comportamiento y actitudes relacionados con su ámbito laboral”.

Estos controles son muy importantes, pero los datos parecen mostrar una realidad a medias. Para 2020 en el informe de evaluación presentado por la SSP a cargo de un consultor externo señalaba que a dos años de la nueva administración se habían invertido 32 millones 671 mil 672 pesos destinados a  1,206 evaluaciones de control de confianza a los elementos de la SSP y 603 a elementos municipales; a pesar de que los resultados mostrados son positivos, en una revisión rigurosa de la información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los controles de confianza no se han traducido en acciones de control interno, remociones o sanciones administrativas o de otro tipo. Considerando que estos procesos son amplios y evalúan las aptitudes físicas, psicológicas y éticas del personal de seguridad pública, resuena que por un lado existan 82 recomendaciones por parte de la CODHEY con alusión a actos constitutivos de tortura y 965 denuncias por el delito de tortura ante la (FGY) durante el último año, y por el otro, las evaluaciones muestren a una de las corporaciones policiacas mejor evaluadas del país.

¿Y quién investigará a la PEI?

Organizaciones de la sociedad civil como Indignación y Elementa han denunciado la poca celeridad que existe en casos de tortura denunciados ante la Fiscalía de Yucatán. Esto adquiere mayor relevancia si recordamos que la Policía Estatal de Investigación creada en 2016 tuvo en su conformación inicial 400 agentes provenientes de la extinta Policía Ministerial (antes FGY), es decir, fueron parte de la misma institución que ahora sería la encargada de investigarlos.

Para sumar otros datos al contexto de la PEI, Wilbert Cetina Arjona (exfiscal general de Yucatán) presentó su renuncia a la institución hace dos años dentro una serie de escándalos. El equipo de Central 9 de Grupo Megamedia difundió unos audios que ayudarían a fortalecer las hipótesis sobre posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, y aunque pareciera que en Yucatán se ha dado vuelta a la página luego de que el Congreso Local ya designara a un nuevo fiscal sin alguna repercusión o investigación para Cetina, los audios filtrados son reveladores.

De la voz del fiscal se puede escuchar: “No respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡puta, lo que quiera!”. Lo anterior no solo es importante porque Cetina se está refiriendo al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, sino que también lo es porque reconoce el contexto de detenciones arbitrarias, violencia policial y carta abierta a la SSP para cometer violaciones a derechos humanos.