En medio de la natural polarización que se da en las campañas electorales, la violencia criminal sigue en aumento, principalmente en zonas como Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Nayarit, Colima y Sinaloa.
Además, según el investigador en Ciencia Política y Teoría Política, Javier Oliva, a unas semanas de que se inicie de manera formal el proceso electoral en todo el país, así como de las 29 competencias locales, queda claro que la exposición y posibilidad de agresiones de las bandas criminales a los candidatos, equipos y estructuras de campo de los partidos políticos, es parte central de las preocupaciones de las autoridades electorales locales y federales.
“Ya hemos conocido de casos recientes en donde la capacidad destructiva del crimen organizado es tal, que ha sido capaz de impedir la realización de las campañas y por supuesto, de los comicios. Los efectos que tiene esto sobre el conjunto de las instituciones, de ninguna manera puede soslayarse o menospreciarse. Sobre todo, porque la autoridad que se ejerce por mandato de las leyes, depende de manera unívoca de la competencia democrática y por lo tanto de su base de legitimidad”, explicó en su columna en el diario Sol de México.
De ahí que el catedrático asegura en su columna “Regionalización del crimen en el proceso electoral”, que al no haber autoridades electas en condiciones de normalidad cívica, se produce un sustancial retroceso en cuanto a las capacidades del Estado para garantizar la dinámica social, en el sentido más amplio de la expresión.
