Finalmente y con decisiones apresuradas por el tiempo-calendario, el 30 de junio quedó finalmente legalizada la Guardia Nacional con sus reglamentos internos, sus reglas de mando, las leyes de regulación del uso de la fuerza en sus funciones y el problema de los agentes de la Policía Federal y la Gendarmería.

La GN es un cuerpo de seguridad del Estado para atender de manera prioritaria los delitos de fuero federal, dejándole a las fuerzas de seguridad estatales y municipales los delitos de fuero común. El mando estará bajo fuero civil, aunque sus miembros provenientes del ejército y de la marina no perderán rangos ni prestaciones. El encargado de la GN es un general en proceso de retiro.

El marco formal ha estado a la vista. Sin embargo, hay una serie de problemas que no han sido desahogados de cara a la sociedad:

1.- El número de efectivos en su primera fase fue anunciado como de 70 mil y se espera que el total sea de 150 mil. Los policías estatales y municipales suman alrededor de 325 mil efectivos. Existen más de 250 mil miembros de las tres armas de las fuerzas armadas. Y registrados hay cuando menos unos 600 mil guardias operando en empresas de seguridad privada que, en emergencias y por ley, pueden ser convocadas a labores de seguridad publica. En total, en cálculo aproximado, habría más de un millón 300 mil efectivos de seguridad. Sin embargo, México vive una crisis estructural de seguridad sin precedentes.

2.- Los delitos de fuero federal corresponden a las policías federales. Sin embargo, la acumulación de delitos en el país se aglomera en los delitos de fuero común que revelan las estadísticas gubernamentales. De enero a mayo, por ejemplo, hubo 65 mil 15 delitos de fuero federal, contra 833 mil 457 delitos de fuero común. De delitos vinculados a criminalidad en materia federal, sólo hubo 3 mil 266. En términos estrictos es mucha Guardia Nacional para tan pocos delitos; en todo caso, la Guardia Nacional pareció ser creada como cuerpo federal para ir sustituyendo la ineficacia de los cuerpos estatales y municipales dominados por la corrupción, la improductividad y la irresponsabilidad.

3.- Existe una contradicción no aclarada: la Guardia parece que será un cuerpo operativo de funcionamiento en las calles –presencia y proximidad como estrategia disuasiva–, pero sin que exista un cuerpo especializado en persecución de capos y desmantelamiento de cárteles. El Centro Nacional de Inteligencia podría ser parte de ese nuevo cuerpo, pero sus intenciones, reglamentos y funciones acotadas no alcanzan para perseguir estructuras criminales. La tarea podría ser asignada a la Fiscalía General de la República, pero sin que se conozcan las funciones de esos policías asignados a esas tareas; antes estaba la policía judicial federal de la PGR.

4.- La Guardia nació ante el aumento de la incidencia delictiva y del crecimiento de la violencia criminal, en ejercicio pleno del monopolio del uso de la fuerza que define la característica del Estado para darle seguridad a la sociedad. Sin embargo, como ningún otro cuerpo policiaco, la Guardia nació con restricciones justamente en el uso de la fuerza. Las razones de estos acotamientos se dieron ante abusos en la represión del Estado no contra delincuentes, sino contra la disidencia política e ideológica en los tiempos en que el sistema político era presidencialista, mono partidista y autoritario. Pero hoy en día mientras los criminales carecen de restricciones, la Guardia tendrá que combatirlos con los derechos humanos como espada de Damocles.

5.- En el debate sobre la creación de la Guardia se definió un criterio que podría ser invocado: si en cinco años no hay resultados, la Guardia podría ser disuelta. Esta concesión respondió a las presiones de la oposición estridente respecto a abusos policiacos. No se dieron referentes concretos para señalar el fracaso de la Guardia, pero sin duda que su ineficacia en el abatimiento de la delincuencia, en la desarticulación de los cárteles y en la recuperación del dominio social en zonas controladas por el crimen serían algunos de los indicios. Pero mal comienza una organización que hace depender su existencia de resultados intangibles.

Luego de diez meses de debate legislativo, la Guardia ya está en operación y será uno de los cuerpos institucionales más vigilados.

Zona Zero

  • Algo está fallando en los monitores del Estado, del gobierno y de la sociedad. El columnista Héctor de Mauleón, de El Universal, narró el 26 de junio: el infierno de inseguridad que estalló el viernes 21 cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación lanzó ataques contra funcionarios de la fiscalía y sus familias por la falta de un supuesto acuerdo. La fuerza del Estado nacional fue rebasada. La nota se publicó, pero no generó reacciones de poder.
  • El tema que quema los aparejos de los funcionarios de derechos humanos es el de los caracterizados como desaparecidos, personas que están esfumadas de la realidad. Familiares acusan a fuerzas oficiales de seguridad y a cárteles, pero las dos bajo las funciones sociales del Estado. El tema estaría relacionado con la estrategia de seguridad del Estado en los años de la represión ideológica (1950-1982). El subsecretario Alejandro Encinas no sabe cómo explicar que el asunto no tiene solución.
  • Los datos de presuntos terroristas filtrados en alguna caravana de migrantes rumbo a los EE. UU. se aclaró en Nicaragua, pero dio la razón a los indicios de inteligencia y seguridad nacional de Washington sobre la posible infiltración de indeseables en los cruces masivos de la frontera. Antes el asunto lo llevaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional porque su labor era de espionaje político y tenía delegados en los países al sur del Suchiate, pero la austeridad cerró esas plazas y el Centro Nacional de Inteligencia sigue sin rumbo, sin estructura y sin agentes.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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