Los incidentes de agresión de personas vinculadas a bandas criminales contra las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad representan una nueva fase de la crisis del Estado. Y, además, implican una grave contradicción: ¿para qué desplazar fuerzas de seguridad en zonas del crimen organizado si no tienen ordenes de responder a las agresiones?

Lo que está en disputa en esas agresiones no es sólo el honor y respeto que se de debe a la autoridad, sino el hecho de que se trata de una lucha por el control territorial que le corresponde, por ley y por seguridad nacional, a la soberanía territorial del Estado.

El país se enfrenta a una fase desviada de la aplicación de la ley: el cese al fuego de manera unilateral; el Estado tiene la capacidad de fuego, la ley y las regulaciones, pero no las aplica para no exacerbar los ánimos sociales. La argumentación se entiende por la claridad de los hechos, pero no por ello se debe de permitir porque se trata del abandono de la autoridad del Estado en zonas de la soberanía de la república.

Los incidentes que han indignado a las redes sociales son cada vez más: fuerzas de seguridad zarandeadas por personas que pertenecen, de hecho o por circunstancias, a los grupos criminales.

El fondo es aún peor: no se trata de que el Estado tenga la tolerancia de no responder con la fuerza porque provocaría una masacre, sino que implica la realidad de que el Estado se niega a ejercer el control constitucional de zonas territoriales. Detrás de los grupos exacerbados contra las fuerzas de seguridad se encuentra una parte de la sociedad que no aprueba la exclusión de la autoridad y que no quiere vivir bajo un gobierno controlado por criminales.

Al gobierno del presidente López Obrador le costó mucho trabajo procesar en el legislativo la Guardia Nacional, su organización civil con entrenamiento militar, la ley de uso de la fuerza y la estrategia general de seguridad pública como para achicarla o de plano no usarla en situaciones de crisis de seguridad. Si permea a nivel nacional que se le puede faltar el respeto a la autoridad armada, entonces las policías y fuerzas de seguridad en otras partes estarán bajo ataques de los delincuentes.

Lo que menos se quiere es una masacre, pero las fuerzas de seguridad tienen capacidad, entrenamiento y controles institucionales para aplicar la ley por la fuerza y sin responder a la violencia. Si no se hace, entonces no deberían desplazarse partidas de la Guardia Nacional a zonas calientes donde encontrarán violencia y falta de respeto a la ley.

Lo que está en juego y disputa no es defender a las fuerzas de seguridad, sino ver que el Estado usa su fuerza para imponer la ley en zonas gobernadas por la criminalidad.

Ley de la Omertá

En 2007 comenzó la gran movilización militar contra los cárteles del crimen organizado, pero la crisis de seguridad venía desde muy atrás. Y el debate también. En esta sección iremos desahogando la revisión de libros sobre la inseguridad que se han venido publicando.

Y comenzaremos con La era de la criminalidad (Fondo de Cultura Económica), un libro que conjunta tres libros del escritor Federico Campbell, sin duda el pionero en el enfoque del intelectual sobre la crisis de seguridad. Campbell, fallecido apenas en 2014, escribió una columna singular: Máscara Negra, para revisar semanalmente libros, ensayos, autores e interpretaciones desde la cultura de la inseguridad.

En sus primeros textos Campbell acertó en el enfoque general: no asunto de policías y ladrones, sino un tema del carácter del Estado. Con buen tino, el autor hizo siempre una vinculación no lineal con cuando menos dos organizaciones criminales con tipología especial: la mafia italiana y su extensión en La Camorra y la delincuencia del poder del dinero en los EE. UU. con el prototipo del gangster Alphonse Capone.

Pero hubo otra articulación novedosa. A través del escritor Leonardo Sciascia –a quien conoció en Italia–, Campbell logró ir tejiendo semejanzas del crimen organizado mexicano y su protección institucional con lo ocurrido con la mafia italiana en los setenta. Campbell tiene otro libro, La memoria de Sciascia (FCE) en donde desmenuza esas relaciones entre política-poder-crimen.

El agobio cotidiano de las cifras, las fotografías y las denuncias por la crecente actividad del crimen organizadlo a veces impide que en los medios se haga reflexión política de la inseguridad y se elude el tema central: la dialéctica entre Estado-criminales en la lógica de la economía cero: lo que gana una de las partes la pierda la otra. Es decir, donde el Estado se repliegue existe una respuesta automática con el avance no solo criminal sino de poder político y económico de los delincuentes.

En su sección La invención del poder –primer apartado de La era de la criminalidad–, Campbell resume el conflicto entre el Estado y la delincuencia: el ejercicio del poder. En efecto, la tensión dinámica Estado-delincuentes es un asunto de ejercicio, control y hegemonía del poder de uno sobre el otro. Los delincuentes quieren controlar plazas para imponer su poder por encima del poder institucional del Estado. Así de simple.

Zona Zero

  • La lectura estratégica del presupuesto para 2019 no fue una buena noticia para la seguridad. El PIB de 2019 y 2020 será menor al 2% prometido y ya se sabe que a menor crecimiento le corresponde mayor inseguridad.
  • La reunión del canciller mexicano Marcelo Ebrard con el vicepresidente estadunidense Mike Pence se dio de antemano con la derrota mexicana en materia de autonomía en el tema de migración y la pérdida de espacio propio en seguridad nacional.
  • Las cifras de delincuencia del mes de agosto serán más altas, estiman analistas, porque el gobierno sigue en una especie de cese al fuego unilateral y ese vacío está potenciando la guerra entre cárteles por el control de las plazas.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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