La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su postura en contra de la censura y cualquier medida que restrinja la libertad de expresión, luego de que se le cuestionara sobre el caso del periodista Jorge Luis González en Campeche.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que su administración no avala sanciones penales contra el ejercicio periodístico y que los gobernadores deben garantizar este derecho fundamental.
“En el caso de Campeche, no conozco la situación, pero en cualquier caso que tenga que ver con censura, estamos en contra. Garantizamos la libertad de expresión y los gobernadores también lo deben de hacer”, declaró la mandataria.
PERIODISTA VINCULADO A PROCESO EN CAMPECHE
El caso de Jorge Luis González ha generado controversia, pues el periodista fue vinculado a proceso bajo el cargo de “Discurso de Odio” en contra del gobierno de Layda Sansores.
EN CONTRA DE LA CENSURA EN PUEBLA
La presidenta también se pronunció sobre la reciente ley aprobada en Puebla, que castiga con hasta tres años de cárcel los insultos y ofensas en redes sociales.
“Nuestra posición siempre está en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueve la censura”, afirmó.
Sheinbaum subrayó que la libertad de expresión no debe ser castigada, y menos penalmente, en referencia a las iniciativas promovidas por los gobernadores de Campeche y Puebla.
RECHAZO A INTENTOS DE LIMITAR EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN
Aunque reconoció que no tiene detalles específicos sobre el proceso contra González, reiteró su rechazo a cualquier intento de limitar el derecho a la libre expresión.
Este pronunciamiento cobra relevancia en un contexto donde diversos sectores han alertado sobre el riesgo de medidas que podrían vulnerar el ejercicio periodístico y el debate público.
La postura de Sheinbaum marca un contraste con las acciones de algunos gobernadores de su propio partido, lo que podría generar tensiones dentro del movimiento.
La comunidad periodística y organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido mayor claridad sobre el caso de González y han instado a las autoridades a garantizar el respeto a la libertad de prensa.
Mientras tanto, el debate sobre los límites de la expresión y la regulación de discursos en redes sociales sigue en el centro de la agenda política nacional.
Con información de AMEXI.
