La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación por la escalada de acciones judiciales en México que podrían constituir una forma de intimidación y criminalización de periodistas en ejercicio de su labor informativa, y que representan una tendencia preocupante para el libre ejercicio de la libertad de expresión en la región.
En días recientes, el periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita en el estado de Puebla, en un proceso marcado por señalamientos de irregularidades judiciales y cuestionamientos sobre la solidez de las imputaciones.
Asimismo, en el estado de Veracruz, el periodista Rafael León Segovia fue imputado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, en hechos relacionados con su cobertura periodística, lo que ha sido señalado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como un precedente peligroso que podría inhibir la labor informativa.
La fiscal general de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que no se incluyó el delito de “terrorismo”, el cual fue señalado inicialmente. Como medida cautelar, se impuso resguardo domiciliario por un año.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está monitoreando el caso e instó a las autoridades a respetar las garantías judiciales y el debido proceso.
Estas situaciones, en las que se involucra el sistema penal en contra de periodistas por actos supuestamente vinculados a su ejercicio profesional, generan alarma en toda la comunidad periodística y representan un riesgo para el derecho de la sociedad a estar informada.
En su más reciente informe sobre la libertad de prensa en México la SIP advirtió sobre el uso de “instrumentos judiciales” para limitar la crítica.
“El acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como ‘violencia política de género’ y demandas por daño moral para inhibir la crítica.
Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los que resultaron afectados periodistas consolidados como ciudadanos activos en redes”, agregó la Sociedad Interamericana de Prensa.
