Mientras en Estados Unidos avanzan investigaciones contra exfuncionarios sinaloenses ligados al entorno político de Rubén Rocha Moya, en Palacio Nacional predominó el silencio durante el fin de semana.
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la entrega voluntaria de dos excolaboradores del gobierno de Sinaloa acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico, pese a que el caso ya escaló a cortes federales estadounidenses y amenaza con abrir una nueva etapa de presiones diplomáticas y políticas para México.
La mandataria realizó actividades públicas este sábado 16 y domingo 17 de mayo, principalmente en el sureste del país, pero en ningún momento abordó de fondo el tema que comenzó a dominar la agenda nacional desde el viernes: la comparecencia en Nueva York de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y la presunta entrega de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas estatal.
Ambos personajes son señalados por autoridades estadounidenses de presunta colaboración con estructuras ligadas al Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
Según reportes judiciales, fiscales estadounidenses buscan fortalecer casos por delincuencia organizada y terrorismo, estrategia que también incluye investigar a funcionarios y exfuncionarios que habrían facilitado operaciones criminales.
RESPUESTA EVASIVA Y UN BREVE: “GRACIAS, GRACIAS”
Durante una gira en Mérida, Yucatán, Sheinbaum fue cuestionada en al menos tres ocasiones sobre el tema.
La respuesta fue la misma: evasivas y un breve “gracias, gracias”, sin emitir comentarios sobre las acusaciones, la entrega de los exfuncionarios o el impacto político que podría tener para el gobierno mexicano.
El silencio llamó más la atención porque las investigaciones estadounidenses ya no sólo apuntan a operadores criminales, sino a figuras políticas cercanas al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Las acusaciones también alcanzan al senador Enrique Inzunza y a otros funcionarios estatales y municipales que aparecen en expedientes abiertos por autoridades de Estados Unidos.
A pesar de ello, el gobierno federal mantiene la postura de exigir pruebas formales antes de emprender acciones judiciales en México.
Esa posición fue reiterada en días recientes por funcionarios federales, aunque la ausencia de declaraciones directas de la presidenta generó críticas entre opositores y analistas, quienes consideran que el caso representa uno de los mayores desafíos políticos para la actual administración.
El contraste es evidente: mientras fiscales estadounidenses aceleran procesos judiciales y construyen expedientes con posibles testigos protegidos, en México el discurso oficial permanece contenido y cauteloso.
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS
La agenda pública de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el fin de semana se concentró en actividades protocolarias y supervisiones de programas federales.
El sábado 16 de mayo encabezó eventos en Yucatán relacionados con infraestructura y programas sociales, acompañada por integrantes de su gabinete y autoridades locales.
Ahí habló sobre continuidad de obras estratégicas, inversión pública y fortalecimiento del modelo de bienestar impulsado por la llamada Cuarta Transformación.
El domingo 17 de mayo la presidenta continuó con actividades privadas y reuniones de evaluación política y de seguridad, de acuerdo con reportes oficiales difundidos por Presidencia.
Sin embargo, desde Palacio Nacional no se emitió ningún posicionamiento especial sobre la entrega de los exfuncionarios sinaloenses ni sobre las implicaciones diplomáticas del caso.
El tema amenaza con convertirse en una nueva fuente de tensión entre México y Estados Unidos.
Las investigaciones norteamericanas han evolucionado en los últimos meses hacia un enfoque más agresivo, impulsando acusaciones por terrorismo contra integrantes de cárteles y contra funcionarios presuntamente vinculados con redes criminales.
Además, la posible colaboración de exfuncionarios mexicanos con autoridades estadounidenses podría abrir líneas de investigación sensibles sobre financiamiento político, protección institucional y presuntas redes de corrupción dentro de gobiernos estatales.
Hasta ahora, Sheinbaum ha optado por la prudencia pública.
Pero el silencio del fin de semana ocurre en un momento particularmente delicado, donde cada declaración presidencial puede tener repercusiones políticas, diplomáticas y judiciales.
