David Fuentes/ Proceso

En apenas dos años el Tren de Aragua pasó de ser un nombre marginal en informes de inteligencia a convertirse en una de las organizaciones criminales más violentas y rentables que operan en la Ciudad de México, aunque han logrado expandirse a estados vecinos.
Su actividad delictiva es transnacional, sobre todo con la explotación de mujeres sudamericanas y el abastecimiento de insumos provenientes de China para elaborar, en laboratorios instalados en la capital del país, la “cocaína rosa”, otra fuente de sus cuantiosos ingresos que mueven entre México, Estados Unidos y Sudamérica.
La capital del país se ha convertido en su centro de operaciones, desde donde ejerce la trata de latinoamericanas hacia centros turísticos de México, como Cancún, e incluso de España, en Ibiza, de acuerdo con los reportes policiales.
Su crecimiento fue rápido, silencioso y brutal. El 13 de enero último la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) anunció la detención de seis de sus integrantes, un golpe relevante pero insuficiente frente al alcance que ha logrado la organización criminal.
Los detenidos (Jorge Donovan “N”, Giancarlo “N”, Valeria “N”, Diana Paola “N”, Kevin “N” y Lesli Valeri “N”) fueron imputados por asociación delictuosa, extorsión y trata con fines de explotación sexual.
Para las autoridades federales representa un avance significativo en el intento por frenar a una organización que ya controla corredores completos de prostitución; además produce y distribuye droga sintética y ha comenzado a desplazar a grupos criminales históricos en la capital del país.
De acuerdo con el expediente federal al que Proceso tuvo acceso, el Tren de Aragua está integrado mayoritariamente por venezolanos que ingresaron a México de manera irregular, muchos de ellos mediante las caravanas migrantes.
Esa condición ha dificultado conocer el número real de integrantes y su identidad plena. Sin embargo, las investigaciones permitieron mapear su estructura operativa: líderes, operadores financieros, reclutadores, sicarios y células especializadas que funcionan de manera autónoma.
Para ubicar y detener a estos seis integrantes de la cúpula del Tren de Aragua, agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) monitorearon sus movimientos y dieron seguimiento al dinero que generaban.
Así se percataron que solían hacer compras en plazas comerciales como “Santa Fe, Plaza Delta, Mitika o la que está en Buenavista”; buscaban ropas de marcas prestigiosas y con frecuencia compraban Iphones que luego servían para sobornar a policías o autoridades en algunas alcaldías.
De manera frecuente enviaban dólares a una cuenta a Estados Unidos y a Venezuela, así se logró detectar que ese recurso se utiliza también para hacer llegar provisiones a los líderes presos en Sudamérica y sus familiares, esto como prueba de que al pertenecer a esta agrupación criminal “no les faltaría nada”, pero las autoridades determinaron también que así los compraban y se evitaba que se filtrara información a las corporaciones policiacas.
Los líderes del Tren de Aragua ya detenidos gustaban también de la buena comida: pagaban cuentas de comidas y cenas que superaban los cien mil pesos semanales. Fueron detectados en restaurantes y antros de moda.
Además, cada fin de semana rentaban casonas o haciendas en Morelos, lugares frente a la playa en Acapulco donde llegaban DJs de talla internacional o cantantes reguetoneros y de trap para amenizar las fiestas, donde también llevaban mujeres y ahí mismo promocionaban su producto: la cocaína rosada.
Una vez que las autoridades detectaron el modus operandi de esta célula del Tren de Aragua decidieron enviarlos a diversas cárceles de máxima seguridad, pues en las de la Ciudad de México han ejercido control, sobornaban a custodios para que sus integrantes tuvieran privilegios y además recibían su “pago mensual”, por lo que tampoco la pasan mal tras las rejas. Gracias a ese seguimiento se logró rastrear a los principales líderes y fundadores de este cártel en nuestro país.
DE LA TRATA AL CONTROL TERRITORIAL
La organización comenzó sus operaciones en México con el tráfico de personas y la explotación sexual de migrantes. Con el tiempo diversificó sus actividades criminales y se afianzó territorialmente. Hoy se le atribuyen robos a casa habitación, asaltos a transeúntes, robo de relojes de alta gama y ataques a transportes de carga.
Aunque mantiene una alianza con la Unión Tepito, el debilitamiento de esta última permitió al Tren de Aragua avanzar y ocupar zonas estratégicas que históricamente estuvieron bajo control tepiteño. El Centro Histórico, la Zona Rosa, el corredor Roma-Condesa y otros puntos clave de la capital ya forman parte de su radio de operación.
El grupo funciona bajo un modelo de pandilla transnacional, con una estructura similar a la de organizaciones como la Mara Salvatrucha. Opera mediante células independientes: unas producen droga, otras la distribuyen, algunas se dedican exclusivamente a la explotación sexual, otras reclutan mujeres en Sudamérica y un último bloque se encarga del lavado de dinero.
El mecanismo de sometimiento es sistemático.
A las mujeres trasladadas desde Venezuela, Colombia o Perú, una vez que llegan a la Ciudad de México, se les impone una deuda que marca su condena: “Tu viaje fue financiado por el Tren de Aragua; ahora nos debes 14 mil dólares”. A partir de ahí quedan atrapadas en una red de violencia, amenazas y explotación.
EL DOBLE FEMINICIDIO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS
Ese esquema criminal quedó expuesto en agosto de 2024, cuando Stephani “N” y Susej “N”, de 19 y 20 años, fueron encontradas torturadas y calcinadas en una zona boscosa de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Stephani había logrado pagar su deuda, pero el grupo criminal se negó a dejarla salir de la estructura. En un intento por escapar, huyó a Matamoros, donde planeaba cruzar a Estados Unidos. No lo logró.
Los integrantes del Tren de Aragua la localizaron, la regresaron a la capital y utilizaron a Susej –su mejor amiga– como señuelo. Ambas fueron citadas en un hotel de la colonia Guerrero. Ahí fueron torturadas, asesinadas y luego sus cuerpos abandonados en la zona boscosa de Tlalpan.
El doble feminicidio marcó un punto de quiebre. A partir de ese momento autoridades locales y federales intensificaron los trabajos de inteligencia para desmantelar la organización. Las investigaciones revelaron que el grupo utilizaba albergues de migrantes como escondites temporales: desde ahí se refugiaban sus líderes, evadían a las autoridades y canalizaban a mujeres hacia los puntos de explotación sexual.
LA TOMA DE CORREDORES
En julio de 2024 el Tren de Aragua selló una alianza con Brisa Alejandra “N”, quien controlaba el trabajo sexual en la zona de Sullivan, en la colonia San Rafael. El acuerdo establecía un pago semanal de dos mil pesos por cada mujer que trabajara en el sector. Un mes después, cuando ella intentó romper el pacto, fue asesinada.
De acuerdo con la indagatoria, fue citada a una supuesta comida, después privada de la libertad y trasladada al Estado de México, donde fue torturada y ejecutada. Su cuerpo apareció en un predio baldío de Ciudad Nezahualcóyotl. A partir de ese feminicidio el Tren de Aragua tomó el control total de Sullivan, avenida Revolución, Tlalpan y el corredor Insurgentes.
En estos puntos las mujeres deben entregar 10 mil pesos semanales, además de un cobro adicional de dos mil pesos cada miércoles por “seguridad”. El sistema está diseñado para que la deuda nunca desaparezca. Para evitar que siga creciendo, las víctimas son obligadas a reclutar a más mujeres en sus países de origen, engañadas con falsas ofertas de empleo en el modelaje o la televisión. Sólo por este esquema las autoridades calculan ingresos superiores a 2.5 millones de pesos mensuales.
DIVERSIFICACIÓN CRIMINAL
La explotación sexual no es el único pilar financiero del Tren de Aragua. La organización se ha especializado en la producción y venta de “Tusi” o “cocaína rosa”, una droga sintética que fabrican en condiciones insalubres en vecindades y departamentos de Tepito, la colonia Guerrero, Santa María la Ribera, San Rafael, Cuautepec, el Ajusco y Milpa Alta.
Los insumos químicos provienen de Michoacán y de cargamentos de origen chino que llegan a bodegas de Tepito. Aunque no se ha detectado una exportación formal, la droga ya se distribuye en todas las alcaldías de la capital y en estados como Puebla, Morelos, Querétaro e Hidalgo.
Para promover su consumo, el grupo organiza fiestas ostentosas en hoteles de la carretera México-Pachuca, en la alcaldía Cuauhtémoc, Santa Fe, Coyoacán y zonas del Ajusco. También controla antros, bares y restaurantes donde DJs sudamericanos promueven la droga. En el Estado de México prestanombres del grupo organizan eventos deportivos, palenques y fiestas donde, además de droga, ofrecen mujeres explotadas sexualmente.
El objetivo de las autoridades es claro: desmantelar por completo al Tren de Aragua. Para ello, la SSyPC trabaja de manera coordinada con la Fiscalía, corporaciones locales y autoridades de Colombia y Perú. Estados Unidos también participa en el intercambio de información ante el riesgo de expansión del grupo.
Las investigaciones ya permitieron identificar empresas fachada, prestanombres y la estructura financiera de la organización. Se tiene registro de al menos 26 personas con capacidad para asumir el liderazgo. La estructura incluye proxenetas, sicarios, cobradores de derecho de piso, captadoras y explotadoras. Su brazo armado, conocido como Los Batiperros, es considerado el más violento.
La organización opera actualmente en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Morelos. Hasta ahora se han concretado 38 detenciones, entre ellas las de figuras clave como Nelson Arturo Echezuría Alcántara, alias Nelson Yamaha, y Guillermo José Virguez Contreras, alias Jhoswar o Yoswar.
El Tren de Aragua ya no es una amenaza emergente. Es una estructura criminal consolidada que encontró en la crisis migratoria la debilidad institucional y la impunidad el terreno perfecto para crecer.