APRO.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, permanecerá más tiempo en prisión, pues un juez federal lo vinculó a proceso por un nuevo cargo de peculado por 5 millones de pesos.
El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor ratificó la prisión preventiva justificada para el exmandatario estatal, por lo que el próximo 15 de abril, fecha en la que culmina la pena que está purgando por asociación delictuosa y lavado de dinero, no podrá salir de la cárcel.
A pesar de ello, Pablo Campuzano de la Mora, abogado de Javier Duarte, adelantó que solicitarán una revisión de la medida cautelar para intentar modificarla y lograr que su cliente enfrente su proceso en libertad.
“La prisión preventiva que le fue impuesta fue basada en hechos que tienen más de 10 años y consideramos que eso no es suficiente, así que lo vamos a combatir, en dado caso acudir ante el juez de control que conozca para pedir una revisión de la medida”, dijo al salir de la audiencia que tuvo una duración de 10 horas.
El juzgador concedió seis meses para la investigación complementaria, tiempo en el que Duarte y la Fiscalía General de la República (FGR) podrán reunir pruebas para presentarlas en el juicio.
En este caso, la FGR imputó al exmandatario por haber permitido el uso de 5 millones de pesos provenientes de recursos federales que originalmente estaban destinados a sectores vulnerables, entre ellos niños y adultos mayores, para otros fines como el pago de nómina y otros compromisos financieros del estado de Veracruz.
El exmandatario estatal solicitó a la FGR precisar cómo fue que participó en el supuesto desvío, a lo que los fiscales respondieron que él firmó un decreto que originó la distracción de los recursos.
Campuzano reprochó que, pese a que la imputación de la Fiscalía no estaba bien planteada porque no cumple con los elementos de tiempo, modo y lugar para determinar la participación de Duarte en el delito, el juez Aquiles Villaseñor le “corrigió la plana”, pues determinó la vinculación a proceso en razón de que, al ser gobernador de Veracruz, tenía la potestad de ordenar a sus subordinados la utilización del dinero para fines distintos a los que estaba etiquetado.
“Nadie se embolsó un peso del Estado; no se dirigió a una empresa fantasma, a un funcionario, a un familiar, a un beneficiario directo o indirecto, cosa que quedó clara, simplemente, personas dijeron que se distrajo, lo acusaron de haber publicado un decreto en la Gaceta del estado y posteriormente el juez, al ver que esa gaceta no aplicaba al caso por una confusión de origen de la propia Fiscalía, decidió de alguna manera corregirles la plana”, comentó el abogado.
Por ello, anunció que la defensa valorará si apelará la decisión o acudirá directamente al amparo para intentar revertirla.
