Villahermosa, Tab., (APRO).- Hernán “N” fue presentado ante un juez de control como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas, luego de que autoridades estatales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, informó la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET).
En la audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante el juez, y tras el debate con la defensa, el imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que se determine su situación jurídica.
Debido a la naturaleza del delito, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el acusado permanecerá recluido en el Penal Federal número 1, en espera de la continuación de la audiencia, programada para el próximo sábado 4 de abril de 2026, indicó la fiscalía en un boletín.
Sobre el caso, el gobernador Javier May Rodríguez pidió esperar a que la FGE informe “hasta donde le permita el debido proceso”, y no descartó que se puedan integrar más delitos. “No descartamos, seguramente la Fiscalía, tanto la Fiscalía General de la República y del Estado tienen información y pruebas suficientes para poder integrar diferentes argumentos y pruebas ante una nueva denuncia”, declaró.
May sostuvo además que las autoridades están fortaleciendo carpetas de investigación y recabando pruebas para sustentar nuevas imputaciones. “Se están integrando todos, se están fortaleciendo todas las carpetas de investigación, aportando pruebas contundentes para poder vincularlo”, señaló.
Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H” y “el abuelo”, fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del ahora senador Adán Augusto López Hernández, a quien se le señala como su principal proyector político.
Bermúdez ha sido identificado en investigaciones como presunto líder de La Barredora, grupo criminal considerado un brazo armado del CJNG.
Recientemente, un juez federal le negó un amparo a la defensa del exfuncionario para evitar una posible extradición a Estados Unidos.
En su comunicado, la FGE subrayó que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales se presume la inocencia del imputado mientras no exista sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional, y reiteró su política de “cero impunidad”.
