APRO.- El gobierno de Estados Unidos imputó a dos empresarios por pagar al menos 150 mil dólares de sobornos a tres funcionarios de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando la petrolera estaba a cargo de Octavio Romero Oropeza, ahora a cargo del Infonavit.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la Corte de Distrito de Texas imputó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez –un empresario al que la justicia estadunidense identifica por sus vínculos con cárteles mexicanos– y Mario Alberto Ávila Lizárraga de haber entregado productos de Louis Vuitton y Hublot, así como “pagos en efectivo” a por lo menos tres funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021, lo que les permitió recibir contratos públicos de al menos 2.5 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no reveló los nombres de los tres altos funcionarios de Pemex que recibieron los presuntos sobornos; en un comunicado publicado en la tarde de ayer lunes 11, la dependencia indicó que los dos imputados fueron acusados de delitos que entran bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), por los cuales podrían pasar hasta cinco años en la cárcel.
Originario de Villahermosa, en Tabasco, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez es dueño de varias empresas dedicadas al sector petrolero –incluyendo su grupo Roma Energy– y a la construcción, constituidas en Tabasco, y varias de ellas participaron en licitaciones de Pemex.
Según el Departamento de Justicia, los pagos de sobornos estuvieron relacionados con contratos entregados a sus empresas; la institución informó que el empresario fue detenido ayer.
Mario Alberto Ávila, por su parte, es un personaje del panismo de la primera década de los años 2000; delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche, y cercano a Juan Camilo Mouriño –el secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, quien falleció en la caída de su helicóptero en 2008–, el político compitió por la gubernatura de Campeche por el PAN en 2009.
Ávila fungió como subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y fue inhabilitado en 2015 por irregularidades en torno al caso de corrupción de Oceanografía.
Según la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP), Ávila firmó a destiempo una adenda a favor de la empresa petrolera e incurrió en conflictos de interés al utilizar el avión de la empresa, a la que firmó contratos millonarios.
Según el Departamento de Justicia, Ávila tiene residencia permanente en Estados Unidos, pero “está prófugo”.
Matthew R. Galeotti, fiscal de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que esta acusación “debe enviar” un mensaje claro de que la Justicia estadounidense no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo.
