Por Alberto Valderrábano
Sinaloa sigue dando de qué hablar, no solamente por el baño de sangre que ya casi cumple un año y el gobernador del estado el morenista, Rubén Rocha Moya, se muestra indiferente ante esta ola de violencia que tiene sumido en el caos, en el terror, el miedo y la desventura a sus habitantes.
A eso se le suma la desobediencia del Congreso del Estado y del ayuntamiento de Ahome, en ignorar, sin rubor alguno, la decisión del poder judicial, que, por todas las vías, como la notificación electrónica, oficio físico, y hasta la vista de un actuario que dejó constancia de restituir en su cargo a Gerardo Vargas Landeros, como alcalde de Ahome.
Aun así, el ayuntamiento de Ahome y el Congreso del Estado decidieron medir fuerzas, como una nueva jugada y no avergonzarse con el poder judicial, y elegir el desacato.
Con esta decisión de los diputados y funcionarios municipales, se despeja de que no se trató de un simple retraso administrativo, sino que es un desafío abierto a la autoridad judicial, debido a la negativa de restituir a Gerardo Vargas Landeros, en la alcaldía de Ahome.
Con dicha actuación los diputados e integrantes de esa municipalidad, envían un mensaje perturbador, que la ley se cumple cuando conviene políticamente solamente.
De esa manera para los legisladores el Estado de Derecho, se convierte en una escenografía hueca.
Ante esta situación la defensa de Gerardo Vargas Landeros ya movió sus fichas y solicitó al ministerio público federal, la apertura de carpetas contra los responsables.
Bajo este panorama los diputados del Congreso de Sinaloa podrían ser condenados de tres a nueve años de prisión por desacato.
En este proceso no sólo está en juego la suerte política de Gerardo Vargas Landeros, sino la credibilidad del mismo Estado, debido a que cuando un gobierno local decide que los jueces son una opinión, lo que realmente sucede es que se va desgastando, no el cargo municipal, sino la confianza de la ciudadanía en la justicia, que está por encima de la voluntad de unos cuantos.
Esta situación se deriva de la futura contienda electoral por la gubernatura del estado de Sinaloa, donde, según los habitantes de la entidad ven con buenos ojos a Gerardo Vargas Landeros, como fuerte aspirante, situación que viene inquietando al gobernador Rubén Rocha Moya, cuyo mandato desde que inició ha sido altamente cuestionado por tener presuntos nexos con el narcotráfico.
Rocha Moya ya fue acusado ante organismos internacionales por contar con presuntos vínculos con la mafia de los enervantes.
