La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico del país, al elevar los costos de operación de las empresas, desalentar la inversión, generar incertidumbre jurídica y limitar la creación de empleos formales.
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, el organismo empresarial señaló que el costo promedio de la corrupción por ciudadano alcanzó los 3 mil 865 pesos durante 2025, la cifra más alta registrada en la última década.
En total, 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al realizar trámites o interactuar con autoridades, lo que representó pérdidas económicas cercanas a los 17 mil millones de pesos.
Para Coparmex, estas cifras evidencian que la corrupción no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también representa un freno estructural para el desarrollo económico nacional, al deteriorar la confianza en las instituciones y reducir el atractivo de México como destino para la inversión.
El organismo empresarial subrayó que un país que busca consolidarse como receptor de inversiones requiere instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos los participantes de la economía.
Además, recordó que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del INEGI reveló que el 98.9 por ciento de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes, ya que no son denunciados ni investigados.
RESULTADOS, SIGUEN SIENDO INSUFICIENTES
Aunque reconoció los esfuerzos realizados por los distintos órdenes de gobierno para combatir este problema, Coparmex consideró que los resultados siguen siendo insuficientes y llamó a convertir el combate a la corrupción en una prioridad nacional.
La organización sostuvo que fortalecer la transparencia, la certeza jurídica y la integridad pública resulta indispensable para impulsar el crecimiento económico y recuperar la confianza ciudadana.
Los datos de la ENCIG también muestran que la corrupción continúa presente en la operación cotidiana de las instituciones públicas.
Durante 2025, el 16 por ciento de las personas que realizaron algún trámite, pago o solicitaron un servicio público fue víctima de algún acto de corrupción.
Asimismo, la tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, lo que representa un incremento de 24 por ciento respecto de 2015.
Coparmex explicó que prácticas como el pago de sobornos, la discrecionalidad en la atención de trámites, los retrasos injustificados y los abusos administrativos elevan los costos de operación tanto para ciudadanos como para empresas y reducen la competitividad del país.
El deterioro institucional también queda reflejado en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde México obtuvo apenas 27 puntos de un máximo de 100 y ocupó la posición 141 entre 182 países evaluados.
En el ámbito empresarial, los resultados muestran que el 40.2 por ciento de las empresas afiliadas enfrentó al menos un acto de corrupción durante el último año.
Aunque el indicador mejoró 6.6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuatro de cada diez empresas siguen reportando prácticas irregulares en su relación con las autoridades.
La mayor incidencia de estos actos se registra en el ámbito municipal, con 62.2 por ciento, seguido por el estatal con 57.8 por ciento y el federal con 42.8 por ciento.
Además, casi una quinta parte de las empresas afirmó haber enfrentado corrupción en los tres niveles de gobierno, lo que confirma, según Coparmex, el carácter estructural del problema.
A ello se suma el fenómeno de la extorsión. Entre las empresas víctimas de algún delito, el 17.3 por ciento sufrió extorsión o cobro de piso y, en el 37 por ciento de los casos, los responsables fueron autoridades o personas que se hicieron pasar por ellas.
LLAMADO A FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Ante este panorama, Coparmex hizo un llamado a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y garantizar mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y rendición de cuentas.
Asimismo, demandó fortalecer los mecanismos de control y auditoría en los tres órdenes de gobierno; aplicar sanciones efectivas contra los servidores públicos involucrados en actos de corrupción; simplificar y homologar los trámites administrativos; establecer canales seguros de denuncia para ciudadanos y empresas; impulsar una política permanente de integridad pública; combatir de manera frontal la extorsión, particularmente cuando involucre a autoridades, y garantizar la participación del sector empresarial y de la sociedad civil en el diseño y evaluación de las políticas anticorrupción.
Finalmente, la Confederación Patronal reiteró su disposición para colaborar con los gobiernos federal, estatales y municipales en la construcción de políticas públicas y reformas regulatorias que permitan reducir la corrupción de manera sostenida, al considerar que únicamente con instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho efectivo será posible fortalecer la confianza, atraer mayores inversiones y construir un México más competitivo.
