Gloria Leticia Díaz/ Proceso
Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda urgieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informar sobre los hallazgos en la comunidad El Verde, del municipio de Concordia, Sinaloa, derivados de los esfuerzos institucionales para localizar a los 10 mineros secuestrados el 23 de enero en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, así como permitir la participación de las familias.
En una misiva dirigida a la mandataria federal y a la titular de la FGR, con copia para el gobernador Rubén Rocha Moya, a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Guercidno, así como a autoridades locales, 429 familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda recodaron que son los parientes de las víctimas quienes han tenido que emprender acciones de búsqueda a pesar de la legislación vigente.
En la carta, que fue admitida en las oficinas de la Presidencia, así como de la FGR, entre otras dependencias, los familiares de víctimas resaltaron que a ellos les ha tocado llevar a cabo las acciones de búsqueda, derivadas de “las deficiencias y el rezago por parte de las autoridades responsables”.
Al sostener que para la búsqueda de sus familiares las han realizado “sin contar con el respaldo de las instituciones públicas encargadas de estas actividades”, los firmantes apuntaron que “el incremento de la violencia en todo el estado de Sinaloa y la zona Noroeste del país ha obstaculizado las acciones de búsqueda”.
Agregaron que, a pesar de los riesgos, los familiares de las personas desaparecidas no han contado “con la seguridad y respaldo de la fuerza pública que garantice nuestra integridad física, sin dejar de mencionar la grave crisis política en materia forense, los crímenes de lesa humanidad y el derecho de vivir en un lugar digno y seguro como lo establece la Constitución mexicana”.
Más aún, “todos los esfuerzos realizados por parte de los familiares de personas desaparecidas se han visto coartados por la nula interlocución por parte de las autoridades federales y locales encargadas de realizar acciones de búsqueda, investigación y sanción, violentando los derechos de las víctimas y sus familias”, ello sin haber una coordinación interinstitucional con “enfoque de género y no revictimización, sin atender los requerimientos sustantivos en análisis de contexto y planes de búsqueda, en apego a la Ley General en Materia de Desaparición”.
Tras reconocer que en la búsqueda de los mineros privados de la libertad el mes pasado, se logró la identificación de cinco personas en el municipio de Concordia, los familiares y colectivos alertaron que en esa misma localidad, el 15 de diciembre pasado, desaparecieron una menor de edad y su padre, sin que las autoridades hayan emitido una Alerta Amber ni formalizado una carpeta de investigación por las autoridades estatales, “situación que violenta el interés superior de la niñez y el derecho de búsqueda de personas desaparecidas”, y que evidencia la inequidad en que se abordan estos casos.
“Las familias de personas desaparecidas hemos sufrido graves violaciones a nuestros derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información, pues las instituciones responsables nos han negado información relevante relacionada con la desaparición de nuestros familiares, dejándonos en completo estado de indefensión”, apuntaron los firmantes en la carta.
Al señalar que las instituciones de procuración de justicia han violentado su “derecho a la expresión, verdad, proceso, defensa y participación previstos en la Constitución federal”, los colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos presentaron diez peticiones a la presidenta Sheinbaum; a la fiscal Godoy; al gobernador Rocha Moya; a los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch; así como a la titular de la CNB y a la de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada; a la secretaria de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde; la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo y la titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Gloria Armida Uriarte.
Entre las peticiones resaltan informar sobre los hallazgos encontrados en la comunidad de El Verde; notificar a las familias de personas desaparecidos sobre el lugar en el que se encuentran custodiados los cuerpos o elementos óseos localizados; generar y publicar “un catálogo de prendas localizadas en el lugar del hallazgo”; realizar una prospección in situ; acordar con las familias “un plan de intervención en zonas de interés”, así como “implementar acciones de búsqueda hasta descartar los polígonos generados en los planes de búsqueda”.
Los colectivos y familiares de personas desaparecidas urgieron a la CNB a intervenir en la región “con personal suficiente, capacitado y facultado para la ejecución de búsquedas”; utilizar “las herramientas tecnológicas con las que cuentan las instituciones locales y federales”; que intervenga el área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, así como asignar a las instituciones de identificación humana, “el presupuesto, los insumos materiales y el personal forense y pericial necesarios para la ejecución de sus tareas”.
Para los firmantes “es fundamental que se generen las condiciones y estrategias para la participación de las familias buscadoras y su seguridad”, que serán determinantes “para la localización de personas reportadas como desaparecidas, requiriendo de un trabajo de coordinación interinstitucional que brinde certeza a las familias buscadoras”.
Entre los colectivos que firman la petición resaltan A Tu Encuentro Guanajuato; Ágape por la Libertad y el Respeto a la Vida, Nayarit; Agrupación de Caborca para Localizar Personas Desaparecidas; Armadillos Binacional; Armadillos Brigaa de Búsqueda Ajusco-Cdmx; Armadillos de Lagos de Moreno, Jalisco; Armadillos Ni un Migrante Menos; Armadillos Rastreadores de México, Formadores de Paz; Armadillos Rastreadores, Sinaloa; Brigada Estatal de Búsqueda de Personas, Sinaloa Zona Centro; Buscadoras de Valle del Yaqui, Sonora; Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, Veracruz; Buscando Justicia por los Nuestros de Zitlala, Guerrero; Buscando Vida y Justicia por México; Búsqueda de Desaparecidos, Nayarit.
A los cientos de familiares de personas desparecidas se sumaron el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer; Casta Kotán; Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles, Guerrero; Colectiva Periferia Subversiva; Voz de los Desaparecidos en Puebla; Por Amor a ti Hasta Encontrarte, Altamira, Tamaulipas; Colectivo 10 de Octubre, Zona Sur del estado de Chihuahua; Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia; Ángeles Buscándote, Cuernavaca, Morelos; entre otros colectivos de Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Yucatán, Sonora, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Quintana Roo, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Chiapas.
