El sistema penitenciario mexicano enfrenta una doble crisis: hacinamiento y deficiencias en los servicios de salud. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), documentó sobrepoblación en 142 centros del país y fallas médicas en 201 de los 261 establecimientos estatales visitados. El organismo advierte que estas condiciones afectan la dignidad, la integridad y las posibilidades de reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Al cierre de diciembre de 2025, 142 centros tenían más población de la que permite su capacidad instalada, 24 más que el año anterior. La diferencia entre los espacios disponibles y las personas internadas ascendía a 29 mil 388 internos por encima de la capacidad reportada. El dato dimensiona la presión que soportan los establecimientos y el reto de garantizar condiciones mínimas de estancia.
La CNDH distingue entre sobrepoblación y hacinamiento, aunque ambos reflejan problemas relacionados. En los centros estatales supervisados, la sobrepoblación fue identificada como área de oportunidad en 129 establecimientos, 49.4 por ciento; el hacinamiento apareció en 124, equivalente a 47.5 por ciento. Así, casi la mitad de los centros revisados presentó condiciones que comprometen el espacio y la vida cotidiana de la población penitenciaria.
El problema se agrava por las deficiencias de infraestructura e higiene. La evaluación registró condiciones materiales deficientes en las instalaciones destinadas al alojamiento en 241 centros estatales, 92.3 por ciento de los visitados. La insuficiencia de personal de seguridad y custodia se detectó en la misma proporción: 241 establecimientos. La falta de espacios adecuados y de trabajadores suficientes complica la administración cotidiana, la vigilancia y la atención de necesidades básicas.
SALUD: FALLAS EN TRES DE CADA CUATRO CENTROS ESTATALES
El diagnóstico coloca los servicios médicos entre los rezagos más extendidos. La CNDH encontró deficiencias en la atención de salud en 201 centros penitenciarios estatales, 77 por ciento de los 261 visitados. Además, en 108 establecimientos —41.4 por ciento— detectó inexistencia o condiciones materiales e higiénicas deficientes en el área médica. No basta con contar con un consultorio: las instalaciones, los recursos y la capacidad para atender a la población forman parte de la garantía del derecho a la salud.
La CNDH considera la salud un derecho y uno de los medios para la reinserción social, no una prestación secundaria supeditada a la operación cotidiana de los centros. La supervisión revisa tanto los servicios médicos como los espacios donde se proporcionan, además de los registros y procedimientos. Cuando faltan atención adecuada e instalaciones higiénicas, se compromete la posibilidad de prevenir enfermedades, atender urgencias y dar continuidad a tratamientos.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE SE REPITE
El DNSP 2025 señala que varias irregularidades persisten respecto de diagnósticos anteriores, lo que evidencia problemas estructurales que no han sido corregidos de manera sostenida. En los centros estatales, las deficiencias en las condiciones de alojamiento, la falta de custodios y los problemas de salud conviven con carencias en programas para prevenir y atender incidentes violentos. Este último rubro fue observado en 243 centros, 93.1 por ciento de los visitados.
El informe recuerda que la privación de la libertad no elimina los demás derechos de las personas. La Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos. Por ello, las deficiencias médicas y el hacinamiento no son únicamente problemas administrativos: afectan la dignidad y la integridad de quienes dependen de las autoridades para acceder a servicios esenciales.
La CNDH plantea que los resultados deben servir para diseñar políticas públicas, asignar recursos y corregir las áreas de oportunidad identificadas. Entre las prioridades están mejorar las condiciones materiales e higiénicas de los espacios de alojamiento, atender la sobrepoblación, fortalecer los servicios de salud y garantizar personal suficiente. La persistencia de estos rezagos exige acciones verificables y seguimiento, no únicamente diagnósticos.
El documento insiste en que las autoridades deben convertir los hallazgos en medidas concretas y sostenidas. La ampliación de la supervisión permite reconocer con mayor amplitud las condiciones reales, pero la evaluación por sí sola no modifica la vida dentro de las prisiones. Se requiere seguimiento institucional, presupuesto suficiente y evaluación pública de los avances, en especial en los centros donde coinciden sobrepoblación, instalaciones deterioradas y atención médica deficiente. La CNDH plantea que las dependencias federales y locales utilicen el diagnóstico para orientar políticas que garanticen los derechos de las personas internas y evaluación de resultados.