APRO.- El Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California en Berkeley documentó el asesinato de 337 periodistas y defensores de derechos humanos en México entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, periodo que corresponde al sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El informe, titulado Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México (Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico), fue publicado ayer. De las 337 víctimas, 78 eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos, una cifra superior a la documentada previamente por organizaciones civiles: Artículo 19 había registrado entre 46 y 47 periodistas asesinados en ese periodo.
El HRC analizó 75 expedientes de casos de homicidios, desapariciones forzadas y otros actos de violencia física grave y, con apoyo de inteligencia artificial, 1,437 conferencias mañaneras de López Obrador, en las que identificó 2,827 segmentos con lenguaje que calificó de estigmatizante contra periodistas, con expresiones como «prensa fifí», «chayoteros» y «hampa del periodismo».
La investigadora Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, sostuvo que a periodistas y defensores «se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder».
El estudio documentó además vigilancia ilegal: una investigación forense digital confirmó que un centro secreto de inteligencia militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizó el software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, así como las herramientas Geomatrix, de Rayzone, y Cellebrite UFED, sin autorización judicial ni marco legal que facultara a las fuerzas armadas para interceptar comunicaciones privadas. El HRC estimó la impunidad de los delitos contra periodistas y defensores documentados en el periodo entre 93% y 99 por ciento.
Parte de la reconstrucción de estas operaciones se basó en documentos internos obtenidos en la filtración conocida como Guacamaya Leaks, derivada de una intrusión al correo de la Sedena en septiembre de 2022 que expuso alrededor de seis terabytes de información.
ANTECEDENTE DOCUMENTADO POR PROCESO
El hallazgo sobre espionaje militar bajo el gobierno de López Obrador no es inédito. En 2022, la investigación periodística «Ejército Espía», en la que participó Proceso, ya había evidenciado que la Sedena (primer cliente internacional de NSO Group, desde 2010) continuaba operando Pegasus desde el Centro Militar de Inteligencia durante ese sexenio, pese a que el propio López Obrador sostuvo reiteradamente que su gobierno había terminado con las prácticas de espionaje de administraciones anteriores.
Ante la evidencia acumulada, incluida la declaración de directivos de NSO Group de que la Sedena seguía comprando el sistema, López Obrador reconoció que agencias de su gobierno realizaban labores de «inteligencia», pero negó que se tratara de espionaje.
Entre los blancos identificados en esa investigación figuran al menos tres periodistas, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro-Juárez (Centro ProDH) y Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos del propio gobierno de López Obrador.
Datos presentados por WhatsApp en su litigio contra NSO Group en Estados Unidos, difundidos en abril de 2025, mostraron que al menos 456 teléfonos en México fueron atacados con Pegasus solo entre abril y mayo de 2019 el 37% de las mil 233 víctimas que la compañía identificó a nivel global en ese lapso, la proporción más alta de cualquier país. Ante esos datos, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 señalaron «la gravedad del encubrimiento de estos abusos por parte del gobierno mexicano».
CONTINÚAN LOS ASESINATOS BAJO SHEINBAUM
La violencia contra la prensa no se detuvo con el cambio de administración. Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó 17 periodistas asesinados desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia, el 1 de octubre de 2024, hasta el 26 de agosto de 2026, fecha en que la organización y más de 40 medios mexicanos exigieron conjuntamente al gobierno una respuesta ante la persistencia de estos crímenes y la impunidad que los rodea. Artículo 19, con una metodología distinta, había documentado 13 casos hasta el 16 de julio de ese año.
En agosto de 2026, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó en la sección «Derecho de Réplica» de la mañanera un análisis sobre un presunto «ecosistema de amplificación digital» que exhibió a 54 cuentas de periodistas, medios y figuras públicas (entre ellos Joaquín López-Dóriga, Carmen Aristegui, Paola Rojas y los medios Latinus, El Universal, ADN 40 y Aristegui Noticias) como parte de una red que, según el gobierno, origina y amplifica contenido crítico. Sheinbaum negó que se tratara de una lista o de censura. Los periodistas señalados, RSF y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtieron que la exposición pública puede derivar en hostigamiento contra los mencionados.
