Integrantes del grupo delictivo “Los Zetas” pagaron hasta 80 mil pesos semanales a defensores de derechos humanos en Tamaulipas para la promoción de denuncias en contra de las secretarías de Marina Armada de México (Semar) y Defensa Nacional (Sedena) por supuestas desapariciones de jóvenes.
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/VEITA/073/2015, fincada el 23 de marzo de 2015 por la detención de Ramiro Pérez Moreno, alias el “Ramas”, este señaló directamente al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, de recibir semanalmente 5 mil dólares para esconder a integrantes de la organización delictiva en sus oficinas, realizar movilizaciones en contra de las Fuerzas Armadas e interponer denuncias contra militares.
Las declaraciones de “El Ramas”, «7-4», o «El Rama», jefe de Plaza de Nuevo Laredo, sucesor directo de Omar Óscar Treviño Morales, “Z-42” y/o L-42, están sustentadas con los testimonios de Carlos Norberto Hernández Quilantar, alias el “Pato”, jefe de Plaza de Nuevo Laredo y Humberto Eleuterio Gutiérrez Martínez, alias el “Sonrics”.
Durante su declaración ante el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Pérez Moreno detalló el pago directo al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por incomodar a la SEMAR.
“La Marina no se la iba acabar con Raymundo Ramos, el licenciado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ya que a él le cubre la cantidad de 5000 (cinco mil) dólares cada semana, para que promueva denuncias en contra de la Marina y de otras Fuerzas Federales y que no tarda en manifestarse en las instalaciones que tienen en la base de operaciones en el campo de beisbol la Marina”, dijo.
Otra de las funciones de Raymundo, es la de “esconder a personas de Los Zetas en sus oficinas, ya que es el único lugar donde regularmente las Fuerzas Federales no ingresan, porque inmediatamente les hace un escándalo”, mencionó.
Agregó que la intención de las manifestaciones que se realizan en el municipio, utilizando a familiares de supuestos desaparecidos, “es con el fin de presionar al Gobierno federal para que se retiren las Fuerzas federales”.
