Verdad histórica’ costó 1 mmdp a Tomás Zerón: Gertz Manero

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El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó que el gobierno de Enrique Peña Nieto distorsionó con encubrimientos, mentiras, escándalos mediáticos y ocultamiento de pruebas los hechos sobre el caso Ayotzinapa para impedir el acceso a la justicia para las víctimas, aseguró.

“En este asunto ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales,  encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar, con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir en toda su crudeza y realidad”, aseguró.

El fiscal señaló directamente al entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, como el principal constructor de la llamada “verdad histórica” basada en mentiras, falsedades, desarrollando diligencias sin ningún control legal ni respeto a los procedimientos, efectuó torturas y sembró restos óseos en el río San Juan.

Además, acusó que  Tomás Zerón sustrajo mil millones del presupuesto de la PGR con la anuencia de sus superiores y como pago por haber fabricado la “verdad histórica”.

“El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó del país y, en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondientes hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá. Pero él, inmediatamente, huyó a Israel; país al que ya se le ha pedido su apoyo, dado que sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa”, explicó Gertz Manero.

Relató que la noche de la desaparición forzada, los estudiantes fueron víctimas de un choque entre bandas del crimen organizado que han asolado a Guerrero desde hace años, entre las que se identifica a Guerreros Unidos.

Además, hubo complicidad de policías federales y locales y de las fuerzas federales en su desaparición.

“La presencia de los estudiantes fue un coincidente letal, en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y socios enquistados en las policías locales, en la Policía Federal y en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar”, expuso el fiscal.

“Todo lo anterior se demuestra con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, ya que hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes”, añadió.

El desarrollo de esa jornada fue seguida por el sistema de video vigilancia C-4 de Iguala, donde debieron quedar registradas las detenciones ilegales de los estudiantes, su traslado a oficinas públicas, a los centros de justicia e incluso de su entrega a integrantes de Guerreros Unidos que estaban coludidos con esas autoridades.

Los videos y el registro de llamadas, sin embargo, no existe, pues las cámaras dejaron de funcionar parcialmente y los radios se apagaron, relató el fiscal.