A cuatro años cumplidos del episodio de desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, un Juez federal ordenó a la Visitaduría General de la PGR volver a determinar si debe investigarse administrativa o penalmente el caso de supuestas irregularidades atribuidas a 9 funcionarios, entre ellos Tomás Zerón, en el hallazgo de bolsas con cenizas y restos óseos en el Caso Iguala.

Este fallo se da justo dos años después de que la Visitaduría turnó este caso al Órgano Interno de Control (OIC) y a las áreas de responsabilidades de la PGR, al concluir que los funcionarios probablemente cometieron faltas administrativas, pero no incurrieron en responsabilidad penal.

Sin embargo, Martín Santos Pérez, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, sentenció que la Visitaduría no hizo un pronunciamiento sobre todas las conductas que le imputan a los servidores públicos por la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan.

Todas ellas están relacionadas con el traslado de Agustín García Reyes «El Chereje» desde las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México a ese sitio en Guerrero, diligencia que los padres de los 43 normalistas dicen que supuestamente se hizo sin un oficio de salida, sin asesor legal y sin que constara en la averiguación previa.

«Se advierte la falta de exhaustividad y congruencia con que la responsable emitió la resolución combatida, en virtud que no realizó el pronunciamiento correspondiente respecto de la totalidad de las conductas consideradas irregulares. Circunstancia que violenta el derecho de los quejosos a una administración de justicia completa», dice la versión pública del fallo del amparo 195/2017.

El juez señala, por ejemplo, que la Visitaduría turnó el caso a la OIC sin pronunciarse sobre la probable responsabilidad de Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por realizar actos de investigación en el Río San Juan sin la conducción del Ministerio Público.

Otros funcionarios que también estarían bajo la lupa sería Bernardo Cano Muñozcano, exjefe de la Policía Federal Ministerial (PFM), y Abraham Eslava Arvizu, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la SEIDO.