Organizaciones de derechos humanos que han apoyado jurídicamente a personas que han estado en arraigo y prisión preventiva oficiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) criticaron duramente a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján por las declaraciones que hizo en favor de la prisión preventiva durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a su análisis, las declaraciones de la funcionaria federal “intentó deslegitimar el análisis de las sentencias que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
La organización Pena Sin Culpa y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) emitieron un comunicado conjunto donde recordaron que las sentencias de la CoIDH son inapelables y obligatorias para los estados miembro, por lo que aseguran que estos fallos no invaden funciones del Congreso de la Unión, pero el país ya ha aceptado evitar estas prácticas, que se consideran internacionalmente como violatorias de los derechos humanos.
La RSDCIAC asegura que los dicho de Alcalde Luján “no están apegadas a la verdad”, ya que la funcionaria aseguró que la SCJN invalidó esta medida de manera “unilateral” la SCJN. Sin embargo, en un informe enviado el 29 de enero a la CoIDH, sobre el arraigo, el Estado mexicano aseguró que mientras esta figura permanezca en la Constitución, “se debe asegurar que las personas operadoras jurídicas llamadas a aplicar la figura del arraigo, la inapliquen mediante un debido control de convencionalidad”.
El documento asegura que “desde la Segob se entabló comunicación con el Consejo de la Judicatura Federal así como con la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de conocer las medidas que se implementaban al respecto”.
La prisión preventiva justificada debe analizarse de manera cuidadosa
Pena Sin culpa aseguró que Alcalde Luján miente al argumentar que el acatamiento a la sentencia de la CoIDH que ordena la desaparición de la prisión preventiva oficiosa se traduzca en “la posible liberación de 68 mil personas” que se encuentran sin sentencia en las prisiones mexicanas.
“Lo que resulta de mayor preocupación” es que haya en México “68 mil personas en las cárceles sin que tengan una sentencia condenatoria, y sin que se haya demostrado su responsabilidad”, cuestionó la organización porque “se les viola su derecho a la presunción de inocencia y que pueden perder años de su vida encarceladas sin que se les logre probar su participación en algún hecho delictivo, sin desconocer que en la mayoría de estos casos impacta a las personas más pobres, porque son quienes no pueden comprar la justicia”.
La organización consideró “irresponsable” que la funcionaria descalifique el análisis de la SCJN como “unilateral”, porque el Estado mexicano participó en las audiencias de la CIDH y de la CoIDH, “donde tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas sobre casos que calificó como representativos para defender esta medida cautelar”.
La organización explicó que “la oficiosidad o automaticidad de la prisión preventiva como la tenemos actualmente debe ser un proceso razonado, proporcional y justificado en cada caso en particular, esto de ninguna forma implica una liberación o exoneración masiva -como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy (martes 16) la secretaria de Gobernación”.