• Por un problema burocrático entre el gobierno estatal de Jalisco y los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco, los cadáveres no han sido adecuadamente atendidos
  • Vecinos de Tlaquepaque y Tlajomulco se quejan de malos olores

La falta de infraestructura para resguardar cuerpos no identificados ha obligado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a preservar 157 cadáveres en la caja refrigerada de un tráiler que ha estado circulando por la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que no se ha designado un lugar adecuado para su conservación.

Hasta el jueves de la semana pasada, la caja del tráiler se encontraba en una bodega de la colonia La Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque, pero los vecinos se quejaron del mal olor que despedía el contenedor. En respuesta, la alcaldesa, María Elena Limón, pidió al gobierno estatal retirarlo de ahí en un plazo de 48 horas. Además se realizó una inspección de personal del municipio y este determinó que el lugar debía ser clausurado por falta de permisos, pero policías estatales impidieron este procedimiento.

En respuesta, la presidenta municipal acusó al gobierno estatal de falta de coordinación, pues aseguró que no fue informada sobre la medida.

El viernes pasado, el gobierno del estado decidió mover el contenedor y reubicarlo en un predio a cielo abierto detrás del fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Tlajomulco, pero a través de redes sociales los vecinos se quejaron nuevamente del mal olor y solicitaron la intervención de sus autoridades municipales.

El gobierno de Tlajomulco aseguró que tampoco fue informado de esta situación, por lo que el sábado nuevamente el gobierno de Jalisco decidió mover el tráiler con los cuerpos, ahora a una bodega de la fiscalía del estado en la zona industrial de Guadalajara.

Ante estos hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación y recordó que en la recomendación general 3/2018, emitida el 21 de marzo de 2018, pidió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), instalara un cementerio forense para realizar, las inhumaciones controladas e individualizadas de los cuerpos o restos que se  encuentran a disposición de la autoridad ministerial.

La CEDHJ indicó además que se deben hacer registros de datos completos de estos cuerpos, incluyendo los perfiles genéticos de ADN.

“Las fosas o nichos  deberán marcarse con materiales perdurables, con el número de folio o número único de registro que le haya correspondido a los restos; toda la información sobre inhumaciones debe ser debidamente documentada e incorporada tanto al Banco Estatal de Datos Forenses, como al expediente del caso en la fiscalía”, indicó la defensoría.

No obstante, aunque desde agosto pasado la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del gobierno del estado inició la construcción del cementerio forense en un predio donado por el municipio de Tonalá, en la colina El Vado, la obra se detuvo la primera semana de este mes debido a la inconformidad de los vecinos de fraccionamientos cercanos.

Aunque el fraccionamiento más cercano se ubica a un kilómetro de distancia, la dependencia estatal decidió frenar los trabajos que se realizarían hasta que no haya consenso con vecinos de la zona, quienes consideran que serán afectados por los malos olores y hasta por la violencia que puede generar por algún grupo delictivo para recuperar un cadáver.

Este panteón forense está diseñado con 10 módulos de 80 gavetas individualizadas, con lo que se podrán resguardar 800 cuerpos en condiciones adecuadas; la obra estaba proyectada para terminarse en dos meses, pero ahora se desconoce cuándo estará concluido.