El delito de tortura, se mantiene como una realidad en México, debido a que las instituciones encargadas de impartir justicia tienen áreas opacas que justifican la impunidad, señaló el secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock.

“México cuenta con una gran ley para prevenir, investigar y sancionar los actos de tortura. Sin embargo, las normas no son el único elemento para erradicar esa práctica, también debe contar con instituciones más fuertes, donde no haya corrupción y que se ponga a las víctimas en el centro de la atención”, aseguró.

La OMCT es la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas o cualquier tratamiento cruel, inhumano o degradante. Consta de más de 300 organizaciones a nivel mundial y es la red activa más importante de organizaciones no gubernamentales en la promoción de los derechos humanos en el mundo.

“El sistema judicial es completamente corrupto. En México siempre hay alguna institución o alguien que se encarga de ocultar la verdad (…) Hay maneras institucionales de prevenirla. Es fácil cambiar la ley, lo difícil es cambiar la mentalidad de los funcionarios”, agregó.

Enfatizó que pese a que en México hay una sociedad sofisticada y civilizada, contradictoriamente se siguen presentando actos masivos de tortura, como lo documentó en 2015, tras su visita oficial al país, el relator contra esa práctica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez. La reacción del presidente Enrique Peña Nieto fue negarlo.

Entre abril y mayo de 2019, México comparecerá ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) que hace una revisión periódica a los estados parte para conocer la situación de este delito en sus territorios y dar recomendaciones para su combate y erradicación. El organismo está integrado por 10 expertos independientes, ante quienes el gobierno deberá dar respuesta a los señalamientos de los especialistas, después esperar una serie de observaciones que está obligado a cumplir al haber ratificado este protocolo internacional.

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el discurso de los derechos humanos, en particular contra la tortura, enfrenta un retroceso, pues desde entonces muchos ciudadanos apoyan las visiones antiterroristas y antimigratorias que muchos jefes de Estado enarbolan y que justifican la práctica de la tortura en beneficio de la seguridad nacional.