Al menos tres y quizá hasta cinco de los ocho integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos que supieron directamente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Chicago, Illinois, fueron liberados por el gobierno estadounidense en los últimos meses por haber demostrado una “extraordinaria cooperación” con el Departamento de Justicia y haber cumplido sentencias abreviadas por tráfico de drogas.

Incluso mostraron “señales de buena conducta” y a cambio recibieron reducciones en sus sentencias sin haber respondido ante las justicias mexicana o estadunidense sobre el paradero de los estudiantes.

La Corte del Distrito Norte de Illinois y el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirman la liberación de Alexander Figueroa, Isaías Mandujano y Eliseo Betancourt-Pereira; Arturo Martínez cuya situación legal aparece como “no en custodia”, mientras que Wilfredo Flores, ni siquiera aparece en registros penitenciarios, de acuerdo a una publicación del periódico Milenio.

Además, en las próximas horas puede iniciar el camino a la libertad de Pablo Vega, el líder de Guerreros Unidos, luego de comparecer este jueves en la Corte del Distrito Norte de Illinois para declararse culpable, pero por el delito de tráfico de drogas, no por la desaparición de los estudiantes.

Sin embargo, todos estos personajes fueron detenidos y procesados como operadores clave en el tráfico de paquetes de heroína ocultos en autobuses que hacían corridas desde la terminal camionera de Iguala, el mismo sitio donde comenzó la agresión contra los normalistas.

También se comprobó que estaban directamente ligados con el secuestro y la desaparición de los 43 estudiantes, cuando se presentó como evidencia contra ellos la existencia de decenas de mensajes de celular intervenidos por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) que los vincularon directamente como representantes de Guerreros Unidos en Chicago y que tuvieron conocimiento de los hechos en Iguala.

Incluso en la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se menciona su participación como un elemento clave en la investigación. Figueroa y compañía son clave en una línea de investigación denominada “el quinto camión”, en la que se vinculan los hechos de Iguala a un operativo mal dirigido y peor ejecutado para proteger el tráfico de droga que Guerreros Unidos coordinaba del sur de México al norte de Estados Unidos.

La mayoría de estos personajes fueron liberados entre los meses de marzo y mayo, luego que no fueron enjuiciados por el secuestro y la desaparición.

A la fecha, los únicos integrantes de la célula que permanecen en prisión son el cabecilla, Pablo Vega, alias “El Transformer” o “Silver”, y dos de sus lugartenientes, Roberto Sánchez y José Rodríguez.

Sin embargo, Vega puede salir pese a que en las comunicaciones interceptadas por la DEA recibió comentarios de sus operadores en Iguala como “llevan ya 60 paquetes”, en referencia a 60 personas secuestradas.

FGR reconstruirá la investigación desde el inicio

Mientras tanto en México, el fiscal de la nación, Alejandro Gertz Manero, se comprometió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a que la Fiscalía General de la República (FGR) reconstruirá las investigaciones desde cero para intentar ejercer acción penal contra los implicados que fueron liberados por errores o abusos en la indagatoria original, así como indagar las irregularidades internas y armar una estrategia para que no se libere a más implicados.

En resumen, el abogado de los padres de las víctimas, Vidulfo Rosales, explicó que el compromiso del titular de la FGR fue: «el tema que tiene que ver con las liberaciones, buscar mecanismo para evitar que se sigan liberando a las personas; volver a reconstruir la investigación y ejercer acción penal con los que ya salieron y finalmente, abrir la investigación interna».

Por su parte, los padres de los normalistas se dijeron esperanzados con la actitud y los compromisos que hizo el fiscal para encontrar a los jóvenes, dar con los responsables y garantizar que no habrá impunidad.

Gertz Manero también se comprometió a realizar una segunda reunión la primera semana de diciembre en la que ya habría de ofrecer los primeros resultados de la nueva investigación.

Por su parte, el fiscal especial del Caso Iguala, Omar Gómez Trejo, indicó que la petición clara es que no se liberen a más personas.

«El compromiso es una investigación independiente, objetiva y clara que rompa con esa narrativa de los años pasados, vamos a partir de una investigación clara y limpia para aclarar con estas irregularidades que se cometieron con las personas que fueron inculpadas pro desaparición forzada», añadió.

También se pronunció sobre esta postura de la FGR el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien informó que la informó que la FGR tomará en cuenta la recomendación emitida sobre el caso, que fue emitida en noviembre del 2018, debido a su relevancia:

“Ya hay un Fiscal para el caso de Ayotzinapa y desde luego que nosotros apoyaremos con la información que pueda uno precisarles del contenido de nuestra recomendación”, dijo y señaló que espera que esto acelere la investigación, que se sepa la verdad, haya justicia «en términos de que a los responsables de esta barbarie se les procese, se les sancione, que se fortalezcan los procesos», así como garantías de no repetición y «que esta experiencia dolorosa sirva para que erradiquemos estas prácticas y, cuatro, que haya reparación integral del daño».