De manera acelerada y entre sobresaltos, el Senado aprobó este martes una serie de reformas para que el delito de defraudación fiscal sea considerado como una modalidad de delincuencia organizada, bajo el argumento de combatir a las empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas.

Como parte de las protestas a la medida, el PAN indicó que ante las inconsistencias que presentan las reformas, presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque “criminalizan a los contribuyentes”.

“Se trata de terrorismo fiscal hacia los ciudadanos y las empresas. En Acción Nacional estamos a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de promover el terrorismo fiscal”, indicó el organismo político en un comunicado.

Con el voto en contra del PAN y del PRI, las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales, fueron enviadas a la Cámara Baja para su análisis y su posible aprobación.

Entre los cambios aprobados por Morena, respaldados por Movimiento Ciudadano, PT, PVEM y PES, la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos.

Cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, no superen dicho margen, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad y, en caso de demostrar su culpabilidad, tendrá una pena de dos a nueve años de prisión, de acuerdo con el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Durante el debate, el senador por el PAN Julen Rementería del Puerto calificó esta reforma como una traición para los empresarios que votaron por Morena, ya que cualquier error los podría meter a la cárcel.

“Nosotros estamos a favor de que haya más recaudación, pero no es persiguiendo a los empresarios de este país como se va a lograr. Con esta reforma están beneficiando a todos los delincuentes porque quedan exonerados, yo no sé si haya un acuerdo para dejarlos fuera del castigo, pero esos grandes delincuentes en materia fiscal hoy están de fiesta”, aseveró.

Por su parte, el exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, aclaró que están a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de tomar acciones desmedidas.

“Sí hay una necesidad de combatir a las empresas que utilizan facturas falsas, pero que dejen abierta la conducta a cualquier contribuyente ni lo incluyan como seguridad nacional, con eso no estamos de acuerdo”, mencionó.

La senadora Claudia Ayala, del PRI, aseguró que no se puede equiparar a personas que no realizaron de manera correcta o adecuada su declaración anual de impuestos con sujetos que dolosamente defraudan al fisco, porque si bien la reforma plantea la existencia de un monto, queda la duda de que si la cantidad es un agravante del delito. La medida cautelar, dijo, sólo requiere un nexo causal de una persona con un hecho ilícito.

“No les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel”, dijo.

Por su parte, el senador Germán Martínez (Morena) refirió que la defraudación fiscal sí es un asunto de seguridad nacional porque la realiza la delincuencia organizada, por lo que buscan un Estado más fuerte, no empresarios más fuertes.

“No les queda el papel de defensor de los empresarios, no se asuman como sus representantes”, reviró. “Yo los noto como que tienen una ausencia de representatividad, que andan buscando a ver qué amo encuentran. La verdad los veo desnudos de representatividad”.