Con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, el Senado aprobó en lo general reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales para aplicar la prisión preventiva oficiosa a personas que cometan delitos como: electorales, robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y de pistolas de juguetes para delinquir, desaparición forzada y tráfico de totoaba.

Después de 11 horas de sesión, los legisladores iniciaron la discusión del tema este miércoles: “no es si debiera existir o no la prisión preventiva, sino legislar para precisar los delitos al que se alude para efectos de la prisión preventiva oficiosa”, dijo Miguel Ángel Mancera del PRD.

Entre los disensos, Claudia Ruiz Massieu del PRI dijo que aplicar la prisión preventiva oficiosa divide al Pleno e incluso al interior de los grupos parlamentarios. Consideró que mientras algunos ven el fortalecimiento otros ven el debilitamiento de derechos fundamentales.

“Les doy un ejemplo: antes de la reforma  por un robo a transporte de carga el Ministerio Público tenía que razonar por qué esa persona debía ser sujeto de prisión preventiva y el juez tenía que considerar las condiciones. Ahora se va a tratar igual a quien sustrae de un tren descarrilado la carga de perecederos para su propio consumo que a una banda de delincuentes que con ponchallantas, con armas de fuego, roban la carga de un tráiler para comercializar”, destacó.

Hacia las 03:00 horas de este jueves, Lucía Trasviña de Morena, presidenta de la Comisión de Seguridad, cuestionó que esta reforma no considera al feminicidio como delito grave o usar programas sociales para hacer proselitismo, como delito electoral.

“Preocúpense porque ya no se va a lavar dinero, porque ya no se va a comprar el voto, muchos de ustedes llegaron comprando y desparramando dinero del crimen organizado y no nos hacemos pendejos, es la cruda realidad”, dijo.

En su intervención, el senador Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano dijo que “no concebimos que la prisión preventiva oficiosa sea el camino para resolver el problema de seguridad y justicia que vive nuestro país”.

La senadora del PRI, Claudia Anaya,  se pronunció contra las leyes secundarias de prisión preventiva oficiosa, donde mencionó que esta figura condena a las personas en situación de pobreza y complica el acceso a la justicia.

También el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza presentó una moción para suspender la reforma secundaria de prisión preventiva, pero fue rechazada.

Cristóbal Arias de Morena pidió apoyar el dictamen  porque dará cauce a las demandas de justicia de los mexicanos para combatir y erradicar la corrupción, impunidad e inseguridad en el país.

Aseguró que este instrumento precisa diversos conceptos y mecanismos con el fin de fortalecer el Sistema Penal Acusatorio, tanto por prisión preventiva oficiosa como por la aplicación de medidas cautelares.

La panista Indira de Jesús Rosales aseguró que hay excesos en la aplicación de las figuras legales ampliadas en la reforma constitucional en materia penal y prevención del delito de 2019, debe ser analizada y evitar que sea empleada con fines electorales y no de impartición de justicia.

¿Cómo aplican las reformas?

La prisión preventiva oficiosa no podrá exceder del tiempo máximo que fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 2 años.

Se podrán imponer penas de 37.5 años de prisión a quien o quienes dolosamente sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

En cuanto a la portación ilegal de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se sancionará con prisión de 4 a 7 años y de 200 a 400 días multa y de 4 a 8 años de prisión y 200 a 400 días multa cuando la posesión sea de más de 5 cargadores.

También, la venta de armas con la intención de agredir, para el ataque o la defensa, se castigará con 1 a 6 años de prisión y de 500 a mil veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización.

Sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley en Materia de Delitos Electorales, el condicionamiento de programas sociales para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, se sancionará con 300 a 600 días multa y prisión de 4 a 9 años.

En el caso del uso de recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en electorado, se castigará con 500 a mil UMAS de multa y prisión de 4 a 9 años.

La prisión preventiva oficiosa se impondrá al servidor público o el particular que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer esa privación de la libertad, o bien, que oculte o se niegue a proporcionar información sobre su paradero u oculte a una persona detenida en cualquier forma.

También, esta medida aplicará a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima de delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento; retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante este periodo desaparición de la madre.

El tráfico de totoaba, sus partes, derivados, productos o subproductos, será sancionado con una pena de 5 a 15 años de prisión y con 3 mil a 6 mil días multa.

En materia de delincuencia organizada, a quien dañe, perjudique, destruya, interrumpa y, deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se le sancionará con pena de 2 a 9 años y multa de 200 a mil UMAS.