Entre enero y agosto de 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación (SG) registró la denuncia de 840 personas secuestradas en México. Los casos son atendidos mayoritariamente por las procuradurías y fiscalías estatales, aunque alrededor de 30 por ciento de ellos son de responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Si bien el reporte  muestra una reducción de 16.4 por ciento respecto del mismo periodo del 2017, el promedio de denuncias se mantiene en más de 100 casos por mes.

Las entidades donde es más alta la incidencia de este delito, en relación con el número de habitantes, son Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. En un segundo bloque, siguen Tabasco, Morelos y Guerrero. En 2015, la tasa nacional fue de 0.88 casos por cada 100 mil habitantes, los dos años siguientes subió a 0.92 y 0.93, respectivamente. El pico histórico ocurrió en octubre de 2013, cuando fueron denunciados 157, sólo del fuero común.

En enero de 2014 se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades operativas de los agentes asignados a atender este delito, especialmente en las 10 entidades con mayor incidencia del delito. Igualmente, ajustar el marco jurídico y homologar criterios penales.

Entre las tareas de esta coordinación se incluye impulsar en el sistema carcelario de alta seguridad un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales. Además, promover la denuncia ciudadana y fortalecer los programas integrales de atención a víctimas.

Entre enero y julio de este año, el SNSP registró una tasa de 0.45 casos por cada 100 mil habitantes. Si la referencia es por el número de casos, entonces el estado de México ocupa el primer sitio, con 94; le sigue Veracruz, con 89, y Tamaulipas con 77. Las entidades que siguieron en el reporte, tienen un número visiblemente menor: Guerrero, 29; Puebla, 28, y Tabasco y Zacatecas 23 cada una.

En agosto se iniciaron 72 carpetas de investigación en el fuero local y 31 por la PGR. En el mismo mes de 2017 la suma fue de 128, lo que significa una baja de casi 20 por ciento en incidencia de secuestro, y del citado 16.5 por ciento si la relación es de los primeros ocho meses de 2017 y 2018.

Según esta información, las reducciones mencionadas fueron posibles por la acción conjunta de las dependencias que integran el gabinete de seguridad y las unidades especializadas estatales.