Se desmorona la prisión preventiva oficiosa

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  • El Fiscal mexiquense privilegia la presunción de inocencia, decretó no aplicar la PPO e impondrá el brazalete electrónico para libertad vigilada

Después de que un juez de Tabasco se negó a aplicar la prisión preventiva oficiosa porque se violaban derechos constitucionales, el fiscal del Estado de México determinó por medio de un decreto oficial la no aplicación de la PPO y su sustitución por brazaletes electrónicos para que los acusados sigan su proceso en libertad vigilada.

El pasado jueves 1 de septiembre fue publicado en la Gaceta del Gobierno el acuerdo 10/2022 emitido por el Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, en el que autoriza al Ministerio Público de la entidad federativa para que en los casos en los que proceda la prisión preventiva oficiosa, lo cual depende del tipo de delito que se persigue, se solicite y, en su caso, se sustituya esa medida cautelar por una diversa, esto es, por la colocación de localizadores electrónicos.

Para llegar a esa conclusión, el FGJEM tomó en consideración el derecho de libertad y el principio de presunción de inocencia protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como como lo ahí establecido en torno a que la prisión preventiva es una medida excepcional y subsidiaria, por lo que su aplicación debiera estar sujeta a un criterio de legalidad y necesidad, lo cual implica que su imposición es válida sólo cuando no existan otras medidas idóneas y menos lesivas para lograr el fin buscado.

Para robustecer los anterior, el FGJEM hace alusión al derecho internacional, pues considera lo que sobre la prisión preventiva establecen los artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Sexto de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre Medidas No Preventivas de la Libertad (Reglas de Tokio); igualmente, menciona el caso Ferris vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dónde se pronunció sobre el criterio de proporcionalidad en la imposición de la prisión preventiva.

Bajo tales consideraciones y tomando este enfoque en beneficio de los derechos humanos de las personas, el FGJEM determinó que deben analizarse los casos en donde la prisión preventiva oficiosa no sea proporcional y, por tanto, se pueda optar por otra medida más benéfica, siendo la más eficaz la del localizador electrónico.

Esta decisión establece que el localizador electrónico es una medida que facilita el control y monitoreo de la persona en tiempo real, “lo que permite garantizare la no sustracción a la acción de la justicia y el establecimiento de un cerco virtual que delimita su campo de acción”. Por tanto, el FGJEM estimó procedente autorizar a los agentes del Ministerio Público para solicitar ante el juez de la causa que se sustituya la prisión preventiva oficiosa por localizadores electrónicos.

Ahora bien, esto no quiere decir que la prisión preventiva oficiosa deba ser sustituida por los localizadores en todos los casos, pues el FGJEM estableció los lineamientos específicos para ello, los cuales pueden sintetizarse del siguiente modo:

  1. Antes de que el Ministerio Público pueda pedir la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, debe solicitar una evaluación de riesgo al Centro Estatal de Medidas Cautelares para que pueda contar con datos que le permitan decidir objetivamente sobre lo adecuado de su procedencia.
  2. La solicitud de sustitución procede en los siguientes delitos: robo bajo diversas circunstancias (con excepción de los cometidos en transporte público, quizás por el alto índice de comisión de robos en esa modalidad en la entidad); delitos contra la salud; extorsión sin agravantes; y ejercicio abusivo de funciones. No obstante, el acuerdo deja abierta la posibilidad de solicitarla en otros delitos donde procede la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando las circunstancias del caso concreto así lo permitan.
  3. Si el agente del Ministerio Público considera que procede la sustitución de la medida, primero debe solicitar la autorización del Vicefiscal General o de los Fiscales Centrales y, una vez obtenida, podrá acudir con el juez de la causa para hacer la solicitud correspondiente.
  4. La prisión preventiva oficiosa sólo puede sustituirse por el uso de localizadores electrónicos y, para que efectivamente proceda, la persona afectada por la medida debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma para ello, esto es: cubrir el costo del localizador, contar con teléfono fijo y móvil, tener domicilio en el Estado de México, etcétera.

Cabe recordar que, así como esta medida tomada por el FGJEM, un juez de control del Estado de Tabasco negó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por estimarla inconvencional, decisión que fue confirmada en segunda instancia.

De este modo es como algunas autoridades de la República están comenzando a tomar medidas, bajo el ámbito de sus actuaciones, para dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, por estimar que la medida cautelar en violatoria de los derechos humanos reconocidos y protegidos tanto en el derecho nacional como en el internacional.

Tabasco tampoco aplica la PPO

A finales de agosto, un juez de Tabasco también se negó a aplicar la PPO. Sus argumentaciones fueron las siguientes:

“Considero que la contradicción de tesis 2923/2011 de ninguna manera impide que se realice un control de convencionalidad respecto a la medida de prisión preventiva oficiosa y efectivamente yo considero que la prisión preventiva es inconstitucional por contravenir el orden internacional; ¿por qué inconstitucional?, porque ya dijo la Corte que los derechos humanos contenidos en la Constitución de fuente nacional y los internacionales constituyen un solo bloque de constitucionalidad y como es aquel artículo primero el que manda a que se tenga este parámetro en conjunto, tanto de fuente nacional como internacional, en realidad estamos hablando de parámetros de regularidad constitucional, aunque hablemos de fuente convencional”.

“El artículo 19 de la Constitución establece en auto la prisión preventiva por diversos delitos, cuando el marco internacional establece que no debe haber en automático la prisión preventiva, esto deriva de lo resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en diversos casos”.

“Por esta razón, como en la Corte Interamericana de quien se reconoció su jurisdicción contenciosa en 1998 y desde 2006 ha dicho la Corte Interamericana que hay que hacer un control de convencionalidad aun cuando el derecho interno o no sea acorde de la convención, se debe referir la convención y eso se reiteró en el caso Radilla Pacheco en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana, del caso radilla Pacheco se establece que todos los jueces deben preferir el orden convencional sobre nacional todos los jueces somos jueces interamericanos pues estamos obligados a optar por la protección más amplia, así que inaplicó los artículos 167 relativo de la ley para prevenir sancionar delitos en materia de hidrocarburos”.

Ante la petición del fiscal, el juez señaló: “yo inaplico estos preceptos y al quedarnos solamente con el 19 constitucional, artículos de la Convención, pacto internacional de los derechos civiles y políticos y las sentencias de la Corte Interamericana, yo aplico el principio pro homine y opto por aquella interpretación que da la protección más amplia qué son estas, ahora las 293, la propia 293 en su argumentación establece que el bloque de constitucionalidad está constituido por derechos humanos de fuente internacional como nacional y que no se relacionan de manera jerárquica entre sí.”

“En términos de la parte final del artículo primero del párrafo primero del artículo primero de la Constitución, haya una restricción, se debe estar a ella y ese párrafo primero parte final dice que los derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que diga esta Constitución”.

En su razonamiento, el juez afirmó: “los derechos humanos solo pueden restringirse cuando los disponga el jefe del Ejecutivo en casos de perturbación de la paz”, pero “en este caso el señor presidente de la República no ha ordenado que el derecho de presunción de inocencia, ni enfrentar un proceso en libertad aprobado por el Congreso, esté restringido en Tabasco o en todo el territorio nacional y por eso no es una restricción válida a las que se refiere la parte final del párrafo primero del artículo primero de la Constitución; por esta razón no es un impedimento para que se haga esta aplicación del principio pro homine respecto a la prisión preventiva oficiosa”,

Y concluyó: “como no hay necesidad de cautela, no puede imponerse ninguna medida cautelar (…) y no les voy a poner ninguna medida cautelar; ustedes (dirigiéndose a los acusados) tienen el derecho a gozar de su libertad en el proceso y en este momento quedan ustedes libres de retirarse del centro de Justicia.”