La famosa “verdad histórica” del caso Iguala, emitida por el entonces procurador de la Nación,  Jesus Murillo Karam sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cada vez es más dudosa, debido a que los tribunales actualmente han encontrado al menos 158 irregularidades en el proceso de detención y enjuiciamiento de al menos 83 sospechosos, entre octubre y diciembre de 2014.

Entre estas irregularidades destacan actos de tortura, dilación indebida en la puesta a disposición, detenciones ilegales por falsa flagrancia, incomunicación de los sospechosos y privación de una defensa adecuada, entre otras, con una alta incidencia de fallas en el debido proceso.

De hecho, una investigación publicada por El Universal señala que 58 de las 83 personas detenidas (70%) ya han salido de prisión por estas violaciones a sus derechos humanos, mientras que el resto aún se encuentra en medio de su proceso legal.

La Policía Federal Ministerial de la PGR participó en 53 detenciones; la ministerial de Guerrero, en 22. El resto fueron a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal (PF). Mientras que a cargo de la Agencia de Investigación Criminal estaba a cargo de Tomás Zerón de Lucio.

Las 158 irregularidades quedaron asentadas en un auto de libertad dictado el 25 de octubre de 2018 en la causa penal 66/2015, resuelto por el juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

Dicho auto de libertad fue analizado por el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización civil que ha estado involucrada en la defensa legal de los familiares de las víctimas a partir de finales de septiembre de 2014.

Luego de su análisis, los defensores indicaron que la anomalía más recurrente en los casos fue la “detención ilegal por falsa flagrancia”, presente en 48 ocasiones. Le sigue “actos que atentan contra la integridad de una persona” (tortura) con 27 personas violentadas al momento de los interrogatorios.

Mientras que varios testigos protegidos del caso, entre 2010 y 2015, Zerón de Lucio habría participado en la tortura contra Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, quien actualmente se encuentra libre.

También confirmaron la tortura a otras personas clave para esclarecer el caso: Jonathan Osorio Cortez, “El Jona”, Agustín García Reyes, “El Chereje”, Miguel Ángel Ríos Sánchez, “El Pozol”, y Osvaldo Ríos Sánchez, “El Gordo”, quienes declararon que los estudiantes habían sido asesinados y posteriormente llevados a una fosa en la colonia Pueblo Viejo, ubicada entre Cocula e Iguala.

Lo mismo ocurrió con Carlos Pascual Jaimes, “El Pollo”; Ramiro Ocampo Pineda, “El Chango”; Raúl Núñez Salgado, “El Camperra”; David Cruz Hernández, “El Chino”; Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, y Salvador Reza García, “El Lucas”.

La tercera violación más recurrente a los detenidos fue el “exceso de los efectos jurídicos de una orden de presentación” en 26 ocasiones. Este apartado se refiere a que los sospechosos recibieron un citatorio para rendir su testimonio, pero cuando llegaron al Ministerio Público se les declaró formalmente detenidos, incluso, en algunas ocasiones, no contaron con el apoyo de un abogado defensor.

La cuarta irregularidad, con 22 incidentes, fue la “detención ilegal por ordenarla de modo retroactivo”.

El equipo jurídico del Centro Prodh ratificó que algunas detenciones no se hicieron en flagrancia, sino que la extinta PGR argumentó que el delito de secuestro, como fue tipificado el caso, era permanente y que por eso se podía efectuar una captura en cualquier momento.

La quinta anomalía, con 15 ocasiones, fue la “presentación no voluntaria” de los sospechosos ante el Ministerio Público, la cual ocurrió porque la PGR obligó a presentarse a declarar a algunos presuntos implicados en el caso.

Entre otras irregularidades se encuentran la dilación indebida en la puesta a disposición ante el Ministerio Público, con 13 casos; la privación de un abogado defensor, con seis, y la incomunicación, con uno.

Aún hay 35 personas detenidas por el caso, por lo que Luis Eliud Tapia Olivares, coordinador del Área de Defensa Integral del Centro Prodh, aseguró que, si bien se ha dado una cifra más grande de personas aseguradas, puede ser gente acusada de delitos no relacionados con la desaparición de los estudiantes.

Agregó que las anomalías que cometió la PGR en el caso “son graves, son un botón de muestra de cómo se investiga en México, que no se tienen cuerpos de policía profesionalizados para hacer investigaciones científicas y muestra que, estando bajo el escrutinio nacional e internacional, la procuración de justicia no pudo hacer más que recurrir a las viejas prácticas”.

Y que en cambio, que resolver el caso de manera transparente y legal pudo ser un punto de inflexión para el sistema de justicia mexicano. Sin embargo, las autoridades “volvieron a caer en los mismos errores de siempre”.

Y agregó: “En México se cometen delitos para investigar delitos y esto queda demostrado con Ayotzinapa. La caída del caso en los tribunales es consecuencia de esos errores iniciales, a la PGR le tomó tres meses sembrar una investigación irregular que concluyó con escandalosas liberaciones”.

A partir del año pasado, el Poder Judicial en México se pronunció por este asunto, y se sumó a las protestas interpuestas por otros organismos internacionales como la ONU o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ya habían advertido sobre las irregularidades en el trato con los detenidos. Por ello urgió al actual gobierno a resolver el caso y revelar lo que ocurrió realmente en Iguala, Guerrero.

Ahora buscan restos en basurero de Tepecuacuilco

A dos días de que se cumplan cinco años de la desaparición, la Fiscalía General de la República (FGR) inició la búsqueda de más restos de los normalistas desaparecidos en un basurero del municipio Tepecoacuilco, ubicado a 30 minutos de la ciudad de Iguala.

En el operativo de búsqueda, trabaja maquinaria del Ejército en terreno a cielo abierto, mientras que los padres de los normalistas y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa fueron notificados.

También este martes, la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa informó que llamará a declarar el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como al exfiscal del estado, Iñaki Blanco; el exsecretario del gobierno local Jesús Martínez Garnelo, y extitular de Seguridad Pública Leonardo Vázquez.

Aguirre aseguró el pasado 17 de septiembre que declararía por los hechos, pues dijo que el gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto, nunca quiso escuchar su versión del caso.

Las comparecencias están programadas para el inicio de la próxima semana. También se llamará a declarar a funcionarios federales en el caso.

“Una vez que se obtengan los resultados de dichas declaraciones, se hará pública la parte que procesalmente pueda darse a conocer, para no entorpecer el procedimiento”, expuso la FGR en un comunicado.