El gobierno de Enrique Peña Nieto dirá adiós con un último fracaso, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI), que establecía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Por mayoría de nueve votos, la Suprema Corte concluyó que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y por tanto debe ser invalidada en su totalidad. La principal razón del rechazo fue que el Congreso carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior, por lo que tenía un vicio de origen.

Entre los argumentos más fuertes fue el de Luis María Aguilar Morales, ministro presidente del máximo tribunal del país, quien destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pero indicó que esto debe ser temporal y en ningún momento debe normalizarse.

Pese a ello, mencionó la necesidad de una nueva norma bien hecha y que además brinde certidumbre al actuar del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, no tal como está.

En tanto, la ministra Margarita Luna consideró que la LSI estaba viciada de origen pues se aprobó en “fast-track” sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, consideró que el Congreso de la Unión sí está facultado para legislar en la materia.

De este modo, Jorge Pardo, ministro ponente del proyecto, naufragó en su intento de  avalar la mayor parte de la LSI, al destacar que una legislación de este tipo es necesaria para darle un marco regulatorio a las Fuerzas Armadas.

El siguiente paso ahora estará en las manos del ministro Eduardo Medina Mora, quien es el encargado de redactar la sentencia sobre la invalidez de la Ley de Seguridad Interior.