SCJN avala reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para realizar labores de seguridad pública, por lo menos hasta 2024, ya que la disposición que lo permite se amplió en septiembre hasta 2028.

Con mayoría de 8 votos a favor, el pleno declaró como válido el acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020 que establece que el Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea realicen tareas de seguridad pública, una medida que fue impugnada por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, mediante una controversia constitucional.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, consideró que el acuerdo promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador no violó las atribuciones de la Cámara de Diputados y además, sería una hoja de ruta para la salida de las Fuerzas Armadas de las calles.

El ministro presidente aseguró que no la discusión de no versó sobre la permanencia de las Fuerza Armadas en labores civiles, sino al camino para su salida, por lo que aseguró: “no estamos frente a un caso de sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana”.

Argumentó que la ausencia de un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas, generó inseguridad e incertidumbre entre la ciudadanía: “No podemos negar que se propiciaron diversos abusos y arbitrariedades y que no pocas ocasiones se tradujeron incluso en graves violaciones de derechos humanos”.

De acuerdo con la ministra Yasmín Esquivel, el acuerdo se limitó a dar cumplimiento al artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional publicada en marzo de 2019, por lo que no encontró que rebasé el mandato del Legislativo ni que su contenido produzca una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente.

“Resulta imprescindible garantizar a la población la seguridad a cargo del Estado, por lo que resulta necesaria e indispensable la participación de las Fuerzas Armadas para capacitar y profesionalizar, en el marco de los Derechos Humanos y el uso proporcional de la fuerza, a la Guardia Nacional que cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a una delincuencia organizada que ha rebasado ya a la sociedad, que acecha a la sociedad en todo momento”, indicó.

Posturas en contra del acuerdo

En la postura opuesta, el ministro Juan Luis González Alcántara, se pronunció contra de la validez del acuerdo, pues consideró que se debe anteponer la seguridad pública sobre la disposición de las Fuerzas Armadas.

“La realidad del país nos ha obligado a tomar decisiones dolorosas como extraordinarias, como que las Fuerzas Armadas permanentes participen para contener la delincuencia organizada, pero me aparto del proyecto en su totalidad”.

Afirmó que el uso de las Fuerzas Armadas no debe ser una política pública, por lo que significan los derechos humanos y el Estado de Derecho, deben limitarse a criterios estrictamente excepcionales.