Este viernes, la Cámara de Senadores aprobó reformar los artículos 22 y 73 de la Constitución, cuyo objetivo es incluir mecanismos de extinción de dominio de los bienes que provengan de la delitos como: extorsión, el robo de hidrocarburos (conocido como huachicoleo) o la corrupción.

La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual, el gobierno puede hacerse con los derechos de propiedad de bienes que sean instrumento, objeto o producto de delitos. Sin tener que dar una compensación alguna para su anterior dueño.

El Senado  elaboró un documento donde se explica a detalle estas reformas. Allí argumenta que la extinción de dominio genera beneficios como: enviar el mensaje de que el crimen no es opción, se reducirán los niveles de impunidad, se obtendrán recursos para apoyar a diferentes instituciones, se podrá solucionar la crisis de inseguridad que vive el país.

También explicó que existen países, donde esta figura ha generado importantes resultados, como Colombia, Estados Unidos, Italia o Guatemala.

Algunas de las modificaciones más importantes a estos artículos es la integración de los siguientes delitos como objetos de extinción de domino: delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos como delitos graves, los delitos relacionados a la extorsión y  la corrupción (abuso de autoridad, tráfico de influencia o enriquecimiento ilícito).

El documento añade que la extinción de dominio no ha dado los resultados esperados en el combate a la estructura financiera de la delincuencia en México porque se ha convertido en un proceso lento e ineficaz. Esa es otra razón para la modificación de estos artículos, volver la extinción de dominio en una herramienta eficaz y eficiente con mayor operatividad y funcionalidad.

También, se garantiza que toda persona afectada podrá acceder a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima de los bienes sujetos al procedimiento.

Finalmente cita un ejemplo: en 2008, en el país sudamericano, de encontraban 2 mil 703 procesos judiciales por extinción de dominio y se obtuvieron 28 mil 165 bienes, mientras que en México entre 2010 y 2011 solo se tenían tres procesos judiciales en esta materia y de los cuales solo se obtuvieron ocho bienes.