El deterioro y las malas condiciones de los centros penitenciarios de Zacatecas han llevado a la Secretaría de Seguridad Pública del estado a plantear el cierre de seis cárceles distritales para eliminar el gasto que representan, puesto tienen pocos reos y el mantenimiento es elevado.
Sin embargo, la propuesta debe ser resuelta por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), donde los magistrados mantienen diferencias con el proyecto.
El sistema penitenciario estatal está compuesto por 16 cárceles distritales, tres centros regionales, además del Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAJ). Otro problema que enfrenta el gobierno estatal está en el penal varonil de Cieneguillas, el cual se ha convertido en foco rojo por el aumento de reos de alta peligrosidad.
Debido a que la reubicación de presos a penales federales es improcedente por las garantías que gozan los imputados dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las autoridades planean adecuar las instalaciones, con recursos de cárcel de máxima seguridad, como el reforzamiento de muros perimetrales, sensores de vibración, bardas interiores y eliminar la corrupción. Buscan erradicar los enfrentamientos entre grupos rivales y las extorsiones.
Entre los antecedenes, en 2009 hubo una fuga de 53 reos pertenecientes a Los Zetas y en enero frustrado un intento de escape de 51 presos. El pasado 26 de marzo una riña dejó un muerto y nueve heridos. Además, recaen observaciones y un llamado urgente de María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ). Alerta que de no aplicarse acciones y estrategias concretas para prevenir y evitar hechos violentos, Cieneguillas podría figurar dentro de los penales más complicados.
De acuerdo a una investigación de El Universal, la propuesta del gobierno del estado, que se dio a través de la SSP estatal, implica cerrar las cárceles distritales de Villanueva, Miguel Auza, Loreto, Teúl de González Ortega, Juchipila y Nochistlán, que significaría un traslado de 76 internos a los centros de Jerez (15), Río Grande (20), Ojocaliente (14), Tlaltenango (cinco) y Jalpa (22); además, de la reubicación de 43 custodios y personal que labora ahí.
Para que el plan se concrete, se debe de contar con el aval del Poder Judicial del estado, porque la ley faculta a la instancia para crear o suprimir unidades penitenciarias, así como determinar el número de distritos judiciales y fijar el lugar que deben tener las sedes de los juzgados de primera instancia. El planteamiento ha causado discrepancias con los magistrados.
Arturo Nahle, ex procurador de Justicia estatal y magistrado, rechaza la propuesta. Afirma que es un error político, puesto que si hay pocos reos en los centros es “por la alta impunidad”.
Por su parte, Armando Ávalos, magistrado presidente del tribunal estatal, reconoció que aún no hay un consenso entre los magistrados y será en las próximas sesiones del pleno que se aborde este tema.
El planteamiento de cerrar las seis cárceles distritales permitiría crear nuevos centros regionales de reinserción y establecer una política penitenciara homogeneizada como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal y no tener a los reclusos en condiciones desiguales, asegura Ismael Camberos Hernández, titular de la SSP.
El funcionario pone como ejemplo la cárcel de Téul de González Ortega: “Hay ocho custodios y sólo cinco internos. Al sumar todos los gastos para operar, nos da un monto de 132 mil 635 pesos mensuales, cantidad que al dividirlo entre los cinco, significa que al estado cada reo le cuesta 26 mil 520 pesos mensuales, equivalente a 885 pesos diarios”.
Por su parte, el Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Cieneguillas ha sido foco rojo pues allí ocurrió la fuga de los 53 reos ligados a Los Zetas.
El 22 de agosto de 2012, Fabiola Quiroz, de 43 años, la primera mujer en dirigir el penal varonil de Cieneguillas, fue interceptada por un grupo armado al salir de su casa y nunca se supo nada más de ella.
