En el amor y la política todo se vale, por lo menos así lo manifestaron legisladores blanquiazules; pese a que 11 diputados del PAN avalaron, junto con el PRI y el PVEM, la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, ahora, el coordinador del blanquiazul, Marko Cortés, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar una acción de inconstitucionalidad contra dicho mandato.
Pese a vivir una lucha encarnizada por obtener la mayoría de sufragios, los diputados del PAN, acompañados por miembros del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, se unieron para impugnar en lo general la totalidad de la ley, y en lo particular, 28 de sus artículos.
“Nos avocamos a reunir las firmas de nuestros compañeros legisladores. Hemos firmado la solicitud respetuosa, pero bien fundada, para que los ministros de la Corte revisen respecto a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad”, dijo el panista.
Mencionó que su petición está respaldada por 188 firmas de legisladores, que representan a 33 por ciento de la Cámara de Diputados, 76 de esas rúbricas pertenecen a miembros de Acción Nacional.
De acuerdo con los solicitantes de las cuatro fuerzas políticas, la Ley de Seguridad Interior tiene violaciones constitucionales en varios ámbitos, como invadir la esfera de competencia de los estados y municipios en las obligaciones que les son impuestas.
El documento que ingresaron a la SCJN menciona que la ley es violatoria de los artículos 49 y 73 de la Constitución, “en cuanto al principio de división funcional de poderes, debido a que el Congreso de la Unión carece de facultades, tanto explícitas como implícitas, para legislar en materia de seguridad interior; por lo tanto, debe declararse su invalidez”.
