Muere general de Sedena Francisco Gallardo a consecuencia de Covid-19

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El general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez falleció en la Ciudad de México a consecuencia de Covid-19. El militar cobró notoriedad luego de que hizo pública su propuesta de crear un ombudsman que se hiciera cargo de proteger los derechos humanos de los miembros del Ejército.

Su trayectoria trascendió por la posición crítica que el general había mantenido en torno a actos de corrupción y violación de derechos humanos contra soldados, lo cual expresó en su tesis para obtener una maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), titulada “Las necesidades de un Ombudsman militar en México”. Necesidades que, según el autor, surgían de las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra otros militares, y que se ponían de manifiesto en las causas penales que integraba la propia Procuraduría de Justicia Militar, la cual fungía como juez y parte.

En respuesta, los mandos de entonces en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) promovieron en su contra dos Consejos de Guerra, acusándolo de indisciplina y otros delitos del fuero castrense.

A fines de 1993, se reactivó un expediente contra el general Francisco Gallardo por presuntos delitos de malversación de fondos y por destrucción de lo perteneciente al Ejército, y por ilícitos contra el honor militar, difamación e injurias entre otros, lo que después lo llevó a prisión. El 25 de enero de 1995, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del general, a quien catalogaron como un preso de conciencia.

Gallardo fue detenido el 9 de noviembre de 1993 y fue liberado el 7 de febrero de 2002, bajo intervención directa del entonces presidente Vicente Fox, quien acató de manera parcial las recomendaciones internacionales sobre el caso.

El 1 de enero de 2008 entró en funciones la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, la cual empezó asesorar a la institución castrense en asuntos de garantías individuales, tanto a nivel nacional como internacional, además de que atendía las quejas que emitían otros organismos en la materia. Fue la primera vez que la secretaría de Estado contó con una dirección de este tipo.