México, un país donde lavar dinero es común y no se castiga

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En México es posible lavar dinero sin temor a ser procesado por la justicia. Poco importan las transacciones bancarias de grandes montos, los depósitos en efectivo por millones de dólares o empresas fantasma triangulando dinero de paraísos fiscales hacia al país. Cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es del 2 por ciento.

De acuerdo a la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organismos internacionales han ubicado al país como un lugar donde la presencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades facilitan que el dinero se mueva de manera ilegal.

MCCI revela que, en 13 años de gobierno, se abrieron 1 mil 632 averiguaciones y las autoridades mexicanas solamente han logrado sentenciar a 44 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero.

En este mismo lapso, 373 personas tramitaron amparos para protegerse de ser acusados por las autoridades del delito de recursos de procedencia ilícita.

MCCI analizó el total de amparos y encontró las razones por las cuales los acusados ganaron ante los tribunales: falta de pruebas y violaciones a los derechos humanos son algunos de los motivos por los cuales se cayeron los casos.

A través del análisis de estos 373 expedientes, se encontraron diversas irregularidades en las que incurrieron policías, autoridades de la UIF, así como el Ministerio Público.

A pesar de que las autoridades presumieron que las detenciones se dieron a través de acciones de inteligencia financiera, MCCI detectó que solo en 8 expedientes se iniciaron investigaciones por lavado de dinero luego de realizar un rastreo en sus cuentas bancarias.

Los casos sucedieron en flagrancia, es decir, cuando policías o elementos del Ejército Mexicano detectaron que los presuntos delincuentes portaban un arma, droga o fajos de billetes. De igual forma, presuntos delincuentes fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando pasaron su maleta por la banda de seguridad. La mayoría de los casos eran mujeres que transportaban montos entre los 80 mil y 500 mil dólares.

Los amparos revelan que existieron al menos tres patrones por los cuales se cayeron los casos en los tribunales: el Ministerio Público no logró acreditar el delito; hubo irregularidades durante la detención; y en otros se cometieron violaciones a sus derechos humanos como lo fue la tortura y la retención ilegal.