La colusión entre empresas y autoridades, así como la presencia del crimen organizado, favorecen en el asesinato de defensores ambientales en el país. Entre 2016 y 2017 los casos se multiplicaron, al pasar de tres a 15, de los cuales 13 fueron de indígenas, señala el informe “¿A qué precio?”, de Global Witness.

La actividad con que más se relacionan los casos de violencia en las comunidades, es la minería, seguida de los proyectos de infraestructura, indicó  el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, colectivo que reúne a Serapaz, Grupo Poder, Cemda y Oxfam, entre otras organizaciones, que han trabajado el tema en años recientes.

En un mensaje por Internet para presentar los resultados del reporte mundial en México, Ben Leather, encargado de la organización sobre incidencia, sostuvo que 2017 fue el año más sangriento a escala global en ataques a defensores ambientales.

Advirtió que, en muchos casos, se ha detectado la participación de policías y militares en los ataques, quienes sufren de hostigamiento a amenazas de muerte. México destaca porque se observó un fuerte aumento de ejecuciones en un año.

Señaló que la impunidad lleva a que los asesinos se sientan con poder para atentar contra los defensores sin que haya consecuencias. Las comunidades mexicanas no tienen garantías para usar o no sus recursos naturales. Los activistas que trabajan defensa del ambiente enfrentan riesgos, porque cuestionan grandes intereses económicos.

Un ejemplo lo puso Isela González, de Alianza Sierra Madre, que trabaja en el municipio Guadalupe Hidalgo, al sur de Chihuahua, y la sierra Tarahumara. Indicó que los territorios de las comunidades están ocupados por la delincuencia organizada. Esa zona se convirtió en productora de estupefacientes.

Recordó que en esa región, en 2017, hubo varios asesinatos. Por ejemplo el de Juan Ontiveros, en febrero, tras participar en mesas de trabajo con autoridades agrarias y ambientales. Dos semanas antes mataron a Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman.