Los estados y municipios que soliciten el apoyo de la Guardia Nacional para reforzar el combate a la delincuencia organizada deberán pagar  una parte proporcional de sus costos de operación, de acuerdo a la propuesta del artículo 96,  Título Sexto, de la iniciativa para conformar la Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado de la República la semana pasada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración”, señala la redacción de este artículo.

También establece que los gobernadores y alcaldes “solventarán los gastos de los hechos y situaciones derivados de las actividades de ejecución de los convenios de colaboración”.

Para definir estos costos proporcionales, se firmará un convenio de colaboración entre los titulares de seguridad estatales y municipales con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP).

“Los gastos no previstos, que se generen por caso fortuito o fuerza mayor, se cubrirán proporcionalmente por los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios”, agrega el artículo 98 del mismo Título, referente a la Coordinación y Colaboración de la Guardia Nacional con las Entidades Federativas y Municipios.

El artículo 98 menciona que los gobernadores y presidentes municipales se comprometerán, en el ámbito de su competencia, a aportar toda la información que se les solicite o con la que cuenten para el combate a la inseguridad para: “mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para enfrentar la amenaza a la seguridad pública”.

Asimismo deberán presentar informes constantes sobre el avance de su respectivo programa de fortalecimiento de capacidades institucionales.

Mientras que la ley reglamentaria al artículo 21 constitucional, recién reformado, especifica que la Guardia Nacional velará por la integridad de las personas, garantizar, mantener y reestablecer el orden y la paz social, así como la prevención de delitos:

“Actuará en las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos; secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, los parques nacionales, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, las instalaciones hidráulicas, los espacios urbanos considerados como zonas federales”.

Mientras que el Ministerio Público (MP), realizará la investigación y prevención de los delitos. Según el artículo 11, se podrá apoyar de operaciones encubiertas y de usuarios simulados.

En tanto, el artículo 15 del proyecto de Ley de la Guardia Nacional menciona que al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estará a cargo de conducir la actuación y trabajo de la Guardia Nacional y “ser el titular de su mando originario, el cual podrá ejercerlo o recuperarlo en cualquier momento, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales aplicables”.

Finalmente, en cuanto a delitos contra la disciplina, el artículo 74 señala que “al personal de la Guardia Nacional que deserte y apoye a la delincuencia organizada se le impondrán penas de prisión de 30 a 60 años”, junto con una inhabilitación por el mismo plazo.