Además de la polémica que se destapó tras la aprobación de Ley de Seguridad Interior, incluso con críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la postura de Enrique Peña Nieto, quien se negó a emitir la declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, aumentó más el debate al respecto.
Tal como lo comenta Elisa Alanís en su columna, “¿Será que, mientras son peras o manzanas, el Presidente está pensando usar al Ejército para intervenir en entidades jurídicas y electoralmente incómodas? ¿Para presionar en lugares, como Chihuahua, donde se realizan investigaciones por desvíos de recursos hacia el PRI? Mientras la Corte no resuelva, lo podría hacer.”
Sin embargo, además de generar preguntas sin resolver, la determinación del Presidente ocasionó que la Ley de Seguridad Interior se convirtiera en tema político, para muestra, la unión del Frente de Ricardo Anaya con los de Morena de Andrés Manuel, con el objetivo de conseguir las firmas suficientes para presentar ante la SCJN una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la llamada #LeyGolpista.
De este modo, tal como lo dice la autora del texto «Espías rusos» y la uniónAnaya-AMLO”, la viabilidad de la militarizante ley o el futuro de una #SeguridadSinGuerra depende ahora de la decisión que tomen en la Suprema Corte.
