Un juez de Control negó la solicitud de cerrar anticipadamente el proceso que enfrenta Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), para deslindar su presunta responsabilidad en el incendio de una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua que provocó la muerte de 40 migrantes.
En audiencia de este viernes, la defensa de Garduño presentó formalmente una alternativa solicitud para cerrar lo más pronto posible la acusación en contra del comisionado del INM, que consiste en reparar parcialmente el inmueble incendiado, el pasado 27 de marzo. Sin embargo, esta propuesta no incluye la reparación del daño a los familiares de las víctimas ni otras personas que resultaron heridas en el siniestro.
El comisionado argumentó su propuesta señalando que no existe una acusación en su contra por homicidio culposo o lesiones y que solamente se le investiga por ejercicio indebido del servicio público.
Sin embargo, la gestión de Garduño ha sido duramente criticada por organizaciones civiles que acompañan a las víctimas y sus familias, por la trágica muerte en un incendio, mientras los custodios del centro se negaron a abrirles las puertas cuando, en una protesta, los migrantes quemaron varias colchonetas en protesta por estar encerrados ilegalmente en este lugar.
“Me negó, el señor juez, la suspensión de la vinculación a proceso, tenemos que presentar un programa integral de reparación del daño para las víctimas y ya una vez que se presente considerará y resolverá (la suspensión del proceso)”, detalló Garduño al salir de la audiencia.
¿Qué propuso Francisco Garduño para cerrar la investigación por el incendio en centro de migrantes en Juárez?
La “solución alterna” que propone Garduño es un recurso legal que forma parte del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra de manera alternativa.
En este caso existen dos alternativas: un acuerdo reparatorio que implicaría negociar con las víctimas y la segunda sería una suspensión condicional del proceso, que también incluye un plan de reparación, que no necesita autorización de un juez.
Esta sería la alternativa propuesta por el funcionario federal y de haber procedido, el juez y no las víctimas quienes aceptan la propuesta de indemnización.
Mientras que el delito de ejercicio ilícito de servicio público, no se considera grave, razón por la cual el funcionario enfrenta el proceso en libertad.
