Martín Adolfo Santos Pérez, juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México ordenó a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República redactar un nuevo pronunciamiento respecto para saber si existe responsabilidad imputable a alguno(s) de sus  funcionarios que realizaron diligencias en el Río San Juan, Municipio de Cocula, Guerrero, donde se encuentra el basurero donde presuntamente fueron calcinados los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos.

Los miembros de la PGR trabajaron en este lugar los días 28 y 29 de octubre de 2014.

Con esto, el juez anuló el acuerdo dictado por la visitaduría en diciembre de 2016, donde determinó que siete servidores públicos, entre ellos, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, sólo incurrieron en faltas administrativas al realizar la investigación del Caso Iguala.

Sin embargo, la sentencia no modificará la investigación, sólo servirá para aclarar que la Visitaduría no realizó una pesquisa exhaustiva contra los servidores públicos vinculados.

Como consecuencia, la GR interpuso un recurso de revisión que resolverá un tribunal colegiado, para determinar si se realiza o no la orden judicial. En el juicio de amparo 195/2017, el juez reconoció el interés jurídico de los padres de los 43 normalistas desaparecidos ante el esclarecimiento de estos hechos.

En el expediente se menciona que el director de área adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos en la Visitaduría General no realizó el pronunciamiento para aclarar:

​“La probable responsabilidad en la comisión de conductas irregulares por parte del director en jefe de la AIC por haber realizado actos de investigación en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sin encontrarse bajo la conducción del agente del Ministerio Público en virtud de legítimo mandamiento.

“El análisis de los dictámenes de integridad física de Agustín García Reyes, El Chereje, (presunto sicario de Guerreros Unidos, señalado como asesino de los normalistas y quien fue liberado en octubre pasado bajo reservas de ley) en relación con actos relacionados con tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

El juez agregó que también hubo irregularidades por la falta de integración del expediente de todo el acervo probatorio, lo que incluye pruebas en fotografía y video, la falta de una constancia legal que confirmara que fueron resguardada la zona del Río San Juan cuando terminaron los trabajos y la ausencia de informe sobre la intervención policial en la zona.

Tampoco existen constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video que presentó la AIC.

“Como se puntualizó, y tras el estudio de las constancias de autos, se advierte que la autoridad responsable no realizó un estudio exhaustivo de la totalidad de las probables conductas irregulares atribuidas a diversos servidores públicos, lo que es de singular importancia, porque con ello viola el derecho a la tutela jurisdiccional consagrada en el artículo 17 constitucional en perjuicio de los quejosos.

“Con lo anterior, se advierte la falta de exhaustividad y congruencia con que la responsable (Visitaduría) emitió la resolución combatida, en virtud que no realizó el pronunciamiento correspondiente respecto de la totalidad de las conductas consideradas irregulares así como el otorgar las vistas en materia administrativa y penal correspondiente ante las autoridades competentes; circunstancia que violenta el derecho de los quejosos a una administración de justicia completa”, detalla la sentencia.

El 5 de diciembre de 2016, la Visitaduría emitió su acuerdo. El 9 de febrero de 2017, la Visitaduría informó que no encontró elementos que sustenten que Zerón u otros funcionarios de la AIC sembrarán evidencia en el Río San Juan, donde fue localizada una bolsa de plástico con restos óseos calcinados, uno de los cuales corresponde al estudiante Alexander Mora Venancio.

En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insinuó en su segundo informe de labores, que pudo haberse manipulado la evidencia en el lugar donde se recuperaron los restos óseos.

Los expertos presentaron un video donde se observa a Tomás Zerón con personal de la PGR y a “El Chereje”, durante una diligencia que no fue documentada ministerialmente el 28 de octubre, donde el detenido reveló el lugar donde fueron quemados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el tiradero municipal de Cocula, y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan.