Juez mantiene plan de que Sedena tome el control operativo de Guardia Nacional

108

Una juez federal negó una suspensión solicitada el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para frenar la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordine operativamente a la Guardia Nacional.

Al acatar la resolución de un tribunal colegiado, la juez Ana Luisa Priego Enríquez, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito, admitió a trámite un amparo que promovió la asociación.

No obstante, la juzgadora negó la suspensión provisional solicitada por la ONG al considerar que de conceder la medida cautelar se estarían dando efectos propios de la sentencia definitiva que se tome en el juicio de amparo.

La asociación promovió un amparo donde impugnó el oficio, a través del cual el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, dio a conocer que, en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, el 6 de octubre de 2020, el presidente de la República autorizó la totalidad de las propuestas para el control operativo de la Guardia Nacional.

Aquella ocasión se dijo que las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, “serán coordinadas operativamente por la Sedena, a través de los comandantes de Región Militar”.

En principio, el juez no reconoció el interés legítimo de la ONG para impugnar dicha medida, sin embargo, un tribunal revocó la decisión de la Juez y ordenó aceptar a trámite el juicio de amparo.

Desde la demanda, la ONG expuso que su objeto social es la promoción y defensa de los derechos humanos, de ahí su interés en cuestionar actos que, en su opinión, transgreden el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, en perjuicio de la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de las personas.

Por ello, consideró que poner en marcha el proyecto de dar el control operativo de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, generaría un efecto directo en la violación de derechos humanos.

Puntualizó que habría una vulneración al carácter civil de las corporaciones de seguridad lo que se vería traducido en un riesgo en el incremento de actos que vulneren la integridad de las personas.

La audiencia constitucional fue fijada para el 18 de noviembre próximo. Si no se pospone, sería ese día cuando se conozca si se concede o no el amparo solicitado por la citada ONG.