El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una denuncia interna contra la jueza y el personal del juzgado que ordenó liberar a José Ángel Casarrubias, “El Mochomo”, líder del grupo criminal Guerrero Unidos, quien pasó apenas unas horas detenido. A los impartidores de justicia se les investiga sobre su posible participación en actos de corrupción y vicios jurídicos.

En un comunicado el CJF informó que se investigará el desempeño del Juzgado Segundo de Distrito con sede en el Penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México, encabezado por María del Rosario Castillo Sánchez.

La jueza segunda de Distrito ordenó la mañana de este miércoles la liberación de “El Mochomo” bajo el argumento de falta de elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

La CFJ anunció su decisión luego que la mañana de este jueves, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López aseguró, que en la liberación de este presunto delincuente se debió a actos de corrupción, aun cuando desde el inicio de la investigación ha sido señalado como presunto responsable de ordenar el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Derivado de información reciente en torno al caso de José Ángel C., el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Se trata de deslindar responsabilidades”, señaló el organismo judicial en un comunicado.

El CJF agregó que con la información que ha recabado sobre la detención de “El Mochomo” amerita que se realice una revisión exhaustiva sobre el asunto.

Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar afirmó en su cuenta de Twitter que su administración apoya a los servidores públicos honestos pero no tolerará ningún acto de corrupción:

«Apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que son honestos y trabajan por el país. Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, escribió.

“El Mochomo” fue liberado en un proceso que no duró ni 24 horas, tras ser detenido el 24 de junio. Sin embargo, fue detenido nuevamente por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación por delincuencia organizada, aunque es un asunto que no se relaciona con el caso Ayotzinapa.

Se tienen pruebas de corrupción: López
En su postura sobre el tema, en la conferencia matutina de hoy, el presidente López Obrador denunció que «hubo dinero de por medio», luego que se hizo una investigación del caso «y hoy en la mañana se entregó un reporte de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó su libertad y se tienen las pruebas», por lo que calificó este proceso como «una afrenta a las instituciones y al Estado», por lo que se castigará a los responsables.

«Espero que la Fiscalía presente todas las pruebas, y si una de las pruebas se da a conocer y queda nulificada, no le hace, pero que se conozca que la gente se entere, ya van a haber otras pruebas; tiene que castigarse a los responsables. Es un delito gravísimo y yo espero que se actué y espero también que se ventile, que la gente lo sepa», expresó.

“Fíjense antier da conocer el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero de que se detuvo a uno de los presuntos responsables más importantes en la desaparición de los jóvenes de Ayotiznapa y que ya se le detuvo. El fiscal sale a informar y en 24 horas lo dejan en libertad”, lamentó. “No es un asunto de rutina de qué un ministerio público consigna y el juez libera”.

“Afortunadamente como hay un trabajo coordinado por razones de Estado con el Poder Judicial con la Fiscalía el poder Ejecutivo, en casos como Ayotzinapa porque nos interesa a todos saber qué sucedió, entonces se inició una investigación del por qué lo habían liberado”, agregó.

Llamó a los jueces a no usar las deficiencias en las investigaciones como “pretexto” para liberar a los delincuentes. “¿Qué opciones hay si está mal integrada la averiguación? Pues que el impartidor de justicia proponga que se reponga el procedimiento, pero no utilizar una deficiencia, como pretexto para dejar en libertad a un presunto delincuente”, dijo.

Como ocurre comúnmente en sus conferencias, condenó que en las administraciones pasadas se ocultaban estos actos de corrupción, pero que se tienen que estigmatizar para que no se repitan.

“Es un delito gravísimo y yo espero que se actúe y espero también que la gente lo sepa, porque la justicia no solo es castigar al responsables, es también evitar la repetición del ilícito y eso solo lo podemos ir resolviendo con una voluntad colectiva, con una participación de toda la sociedad, repudiando esos techos de corrupción”, finalizó.

El proceso de “El Mochomo”
La detención de Casarrubias Salgado ocurrió la semana pasada en el municipio de Metepec, Estado de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida el 21 de octubre de 2014 por el delito de delincuencia organizada y derivó de una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).

Su nombre es señalado constantemente en las investigaciones sobre el caso Iguala debido a que Osvaldo Ríos Sánchez, “El Gordo”, y su hermano Miguel Ángel, “El Pozol”, declararon que fueron instruidos por “El Mochomo” para matar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y después fueron enterrados en una fosa clandestina en Pueblo Viejo.

Sin embargo, la orden de aprehensión de 2014 no incluye ninguna acusación por la desaparición de los normalistas, sino por delincuencia organizada pues es señalado como uno de los líderes de Guerreros Unidos.

Luego de su liberación y reaprehensión, sus padres Rafael Casarrubias y Francelia Salgado informaron que su hijo vive en Guerrero, pero se trasladó al Estado de México para ser atendido de diabetes, pues sufrió complicaciones.

José Ángel Casarrubias es hermano de los ex líderes de Guerreros Unidos, Sidronio, Mario y Adán Cenén, quienes fueron detenidos en la pasada administración por la desaparición de 43 normalistas. Son originarios del municipio de Teloloapan, ubicado en la región norte de Guerrero. Luego del crimen, versiones oficiales presumen que operaba desde Chicago, en EEUU y estuvo en contacto telefónico con sus subalternos para coordinar la ejecución de los jóvenes.

Tras la detención de los hermanos Mario y Adán, Sidronio, se hizo cargo de la organización, y junto con su hermano Adán, son señalados como los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.