El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, salió del hospital en el que fue atendido tras el atentado en su contra en Paseo de la Reforma por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mañana del pasado 26 de junio.
La mañana de este lunes, el funcionario capitalino escribió en su cuenta de Twitter
Fui dado de alta del hospital, agradezco profundamente las muestras de solidaridad y apoyo recibido. En pocos días regresaré a trabajar con la mayor determinación para continuar con la construcción de la mejor Policía de México y combatir a la delincuencia que tanto daño nos hace
— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 6, 2020
El pasado 30 de junio, García Harfuch fue sometido a una segunda cirugía, a consecuencia de los tres impactos de bala que recibió por un comando armando, en una emboscada donde dos de sus colaboradores y una mujer que pasaba por la zona, perdieron la vida.
Hasta el momento, 19 personas fueron detenidas, procedentes principalmente de otros estados del país, entre los detenidos se encuentra José Armando “El Vaca”, jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco.
Además, trascendió que el atentado contempló diferentes rutas para poder emboscar al jefe de la Policía capitalina y lo planeó con varios días de antelación, en coordinación con otras organizaciones criminales que tienen presencia en la Ciudad.
Jueces que trabajan en casos ligados al narco; piden protección
Ante la situación de agresiones contra funcionarios públicos encargados de judicializar casos relacionados con el crimen organizado, como el atentado contra el secretario García Harfuch, un grupo de jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) solicitaron mayor protección a la policial local o incluso se niegan a recibir los casos de alto impacto.
El temor aumentó luego que el gobierno federal ordenara investigar y sancionar a los jueces que presuntamente otorgaron la libertad a los familiares de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, luego que la defensa demostró una serie de irregularidades en su detención, en un operativo realizado en el municipio de Celaya, en Guanajuato,
Lo mismo con el proceso en el que se detuvo a José Ángel Casarrubias, quien fue detenido en el municipio de Metepec, Estado de México y casi inmediatamente liberado por una jueza en el Penal del Altiplano del municipio de Almoloya. Sobre este caso se filtró un audio, donde presuntamente la madre de uno de los presuntos líderes del grupo Guerreros Unidos negocia un soborno a cambio de la libertad de su hijo. Sin embargo, en cuanto salió fue reaprehendido.
Los jueces de la Ciudad declararon en calidad de anonimato al periódico El Universal que en audiencias donde se revisan casos de alto impacto con presuntos integrantes de grupos criminales, están en doble riesgo: el sufrir represalias por imputarlos o bien, el escarnio público, pues si no son enviados a prisión de inmediato los acusan de haber recibido sobornos por parte de la delincuencia organizada.
Apenas el lunes pasado fue asesinado un secretario de una sala en el Reclusorio Norte. Al respecto, los jueces no descartan que fuera una suerte de amenaza en su contra, por lo que cuatro solicitaron reforzar su seguridad personal y otros hacen todo lo posible por no atender casos de alto impacto.
Los juzgadores que han solicitado mayor cantidad de personal de seguridad son los que analizan procesos relacionados contra presuntos integrantes de los grupos criminales que operan en la ciudad como La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, “Los Rodolfos” y recientemente del CJNG relacionados con el atentado contra García Harfuch, “nos sentimos vulnerables, el ataque al secretario de Seguridad dejó en claro el nivel de agresividad que tienen”, dicen.
“No les importa ni el personaje al que intimidan. Además, toda esa responsabilidad cae sobre nosotros, la ciudadanía no conoce bien el proceso y no se dan cuenta de que si dejamos a alguien en libertad es porque no se integró bien un expediente o el caso no está bien amarrado y nos acusan de corruptos, pero nosotros trabajamos con la información que nos proporcionan”, detalló un juez.
También han solicitado a los administradores del tribunal local que las audiencias relacionadas con integrantes de la delincuencia organizada sean privadas, sin acceso a medios de comunicación y que su nombre permanezca reservado para poder trabajar sin el temor de represalias para ellos o sus familiares.