La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó que persiste la concentraciones de metales pesados, fuera de la norma, en el agua que consumen las poblaciones cercanas al río Sonora, en al menos 60 puntos, que fue afectado severamente por  el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado provenientes de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México en agosto de 2014.

Habitantes de los siete poblados aledaños al río Sonora, dijeron que en los últimos años han sido abandonados por las autoridades federales y la empresa minera, luego que la reparación del daño fue parcial y manifestaron su incertidumbre ante la falta de información sobre su actual estado de salud y la calidad del agua de los pozos que tienen a su alcance, por lo que exigieron una inmediata intervención del gobierno federal para respetar sus derechos a la salud y al agua.

Ante la situación, un grupo de funcionarios federales se reunieron por primera vez este miércoles, en el municipio de Ures, con unos 200 afectados de las comunidades de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo.

Los afectados argumentaron el abandono de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), que daría atención médica a los damnificados y quedó en obra negra en noviembre del año pasado. Mientras Grupo México informó que el edificio fue entregado en comodato a la cuarta Zona Militar para que sea utilizado como cuartel de la Guardia Nacional.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, se comprometió a investigar el estado jurídico del inmueble y aseguró que desconocía la situación de salud de los pobladores de la ribera.

“No conozco el hospital, pero hay que analizar si conviene modificar o si tendremos un gasto innecesario, expresó sobre el tema y se comprometió a equipar un nosocomio con quirófano, además de enviar especialistas para atender a los enfermos en la región.

Por su parte, José Alonso Novelo Baeza, director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló, sin dar cifras, que un estudio reveló la existencia de altas concentraciones de metales pesados en las aguas que consume la población y adelantó que la dependencia realizará un segundo estudio en la red de pozos para confirmar el resultado sobre metales pesados y los riesgos para la gente.

“También continuaremos visitando los espacios laborales de la mina Buenavista del Cobre. Según los resultados preliminares, están cumpliendo la norma. Respecto al saneamiento ambiental, se hará en conjunto con el ayuntamiento”, dijo.

Blanca Alicia Mendoza Vera, procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), declaró que las autoridades federales están obligadas a exigir a la minera propiedad de Germán Larrea a cumplir con su compromiso de reparar todos los daños provocados a la población y al medio ambiente.

Reiteró que al revisar el caso, la minera Buenavista del Cobre no presentó información completa.

Por su parte, Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expuso a más de cinco años del desastre ambiental más grave de la historia de México se requieren acciones y no promesas, “por eso queremos escucharlos: agua limpia, médicos, medicamentos y atención a los habitantes”, prometió.

Reconoció que esta reunión es un reclamo de justicia ambiental y sanitaria que afecta a más de 25 mil personas de ocho municipios, en 25 kilómetros y advirtió que para resolver esta situación es fundamental el compromiso del gobierno estatal y de los municipios involucrados, así como la participación de la gente, a través de comités organizados que den seguimiento a las acciones. “Solamente nos falta hablar con la empresa que generó este desastre, que es Grupo México”, dijo.

Calificó como inconcebible que Grupo México reporte ganancias anuales de más de 100 mil millones de pesos por extraer el cobre del territorio sonorense y “aun así se niegue a resarcir los daños causados por el derrame”.

Mientras tanto, los comités de cuenca del río Sonora, conformados por los habitantes de la región, comenzaron una lucha legal que actualmente tiene 14 juicios abiertos contra la compañía del segundo hombre más rico de México, por los delitos de ecocidio y violación a los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.

De acuerdo con la Profepa, el consorcio minero ha incurrido en 55 irregularidades, de acuerdo con la Profepa, entre ellas negligencia en el cumplimiento de normas sobre manejo de lixiviados y residuos peligrosos.