Exmandos de PGR son vinculados a proceso por compra ilegal equipo de espionaje

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Una juez federal vinculó a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR; Vidal Díazleal Ochoa, ex director de la Policía Federal Ministerial; y al Contralmirante César Ramírez Torralba, ex director General Adjunto del Centro Técnico de Control de la SEIDO.

A los tres altos funcionarios de la desaparecida Procuraduría General de la República se les impuso la colocación de un brazalete electrónico y el pago de una garantía de 10 millones de pesos, para continuar en libertad.

La imputación por la que quedaron vinculados al procedimiento es por la supuesta adquisición indebida de 24 camionetas con equipo de espionaje, por alrededor de 800 millones de pesos, con recursos de la partida para Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

La juez de control Beatriz Moguel Ancheyta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a los imputados por los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, fraude específico y asociación delictuosa, según informes judiciales.

Aunque la Fiscalía General de la República pidió imponerles la prisión preventiva justificada, la juzgadora rechazó autorizarla y en su lugar impuso a los procesados la obligación de usar un brazalete electrónico, no salir de la entidad federativa en la que viven o llevan el proceso, no acercarse a instalaciones o funcionarios de la FGR y cubrir una garantía de 10 millones de pesos.

A Gómez y Ramírez les impusieron un plazo de tres semanas para cubrir la garantía, de las cuales ya ha transcurrido una; de incumplir con esta obligación, serán ordenadas sus aprehensiones.

Al mismo tiempo, le fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo en que la FGR y los defensores reunirán sus datos de prueba para presentar sus respectivos casos.

La Fiscalía pidió que los tres imputados fueran encarcelados en forma preventiva, porque argumentó que no había certeza sobre sus domicilios, ya que Gómez Molano tiene tres inmuebles a su nombre y Ramírez dos, lo que significa que carecen de arraigo.

Durante la audiencia, los fiscales federales dijeron que existe el riesgo de que pudieran darse a la fuga, al tener los recursos para salir del País; también conjeturaron que los imputados podrían aceptar un cargo público para «medrar» con el patrimonio de los mexicanos.