La Policía de Tamaulipas reportó que el 5 de septiembre se enfrentó con integrantes del Cártel del Noreste, con un saldo de cinco hombres y tres mujeres muertos, en hechos ocurridos en la colonia Valles de Anáhuac, en la ciudad de Nuevo Laredo.

El pasado martes, Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), refutó la versión al asegurar que los uniformados realizaron una ejecución extrajudicial en el lugar. En su versión de los hechos, presentó testimonios de familiares de las víctimas y del chofer de una grúa, así como una serie de videos que demuestran que no ocurrió dicho enfrentamiento, sino un montaje de la policía estatal y del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET).

“Una jovencita de 18 años, de nombre Kassandra, nos relata que esa mañana estaba con su papá y una niña de dos años durmiendo, cuando alrededor de las 7 de la mañana llegaron policías estatales, allanaron el domicilio, los torturaron, y al papá lo obligaron a vestir ropa tipo militar, botas, un casco y lo esposaron”, relató.

A la joven la golpearon y la amenazaron de muerte y, posteriormente, le “perdonaron” la vida por el hecho de tener en brazos a su hija. La joven asegura que su padre trabajaba para una empresa de refrescos.

Familiares de otras víctimas aseguran que sus familiares también fueron sacados de sus domicilios en otros puntos de la ciudad  y se las llevaron a Valles de Anáhuac en vehículos tipo pickup blindados y otros particulares tipo Suburban o Tahoe.

El defensor de los derechos humanos indicó que hay videos que documentan el recorrido y muestran a un convoy de patrullas de la Policía Estatal y del Ejército que iban con una grúa arrastrando un vehículo pickup color negro marca Tundra.

“Posteriormente, este vehículo apareció acomodado en el domicilio donde encontraron a estas ocho personas ejecutadas. [El chofer de la grúa] nos explicó la ruta que siguió y nos pidió protección por temor a represalias por haber declarado”, señaló.

Los cuerpos de los ocho presuntos integrantes del Cártel del Noreste fueron expuestos con vestimenta tipo militar y armas, pero los uniformes no eran de la talla de los cadáveres, además, uno de los muertos portaba dos botas del pie derecho.

Tras estas versiones, la Procuraduría de Tamaulipas informó que están investigando los hechos para determinar la forma en que sucedieron los mismos.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas sugirió la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la investigación de las declaraciones de la CDHNL por el presunto montaje y ejecución de las ocho personas señaladas.

El funcionario federal aseguró que la presente administración no tolerará ejecuciones extrajudiciales, por lo que se hará una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se manifestó sobre el tema este miércoles cuando solicitó un «castigo ejemplar» a los presuntos responsables, si se comprueba la ejecución extrajudicial en presuntos criminales operativos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sin embargo, la evidencia del activista Raymundo Ramos ha sido cuestionada y sus detractores acusan que tiene vínculos con el crimen organizado.

Según versiones periodísticas del 2018, en una investigada de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Ramos fue señalado por Ramiro Pérez Moreno, «El Ramas» y líder de los Zetas en Tamaulipas, de recibir pagos semanales para realizar denuncias en contra de las Fuerzas Armadas.

Ramos, por su parte, ha acusado persecución en su contra por dichas denuncias y por su labor como activista.