En México, 7 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego

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Rifles
  • Se calcula que en el país circulan 13 millones de piezas sin registrar

La violencia armada no es exclusiva de Estados Unidos, con naturaleza distinta, si bien durante el gobierno de Joe Biden suman más de 17 mil muertos por este fenómeno, en 2022, en México la cifra no está tan alejada, con más de 10 mil en el periodo de enero-abril.

Según el reporte trimestral elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP), de enero a abril del presente año, nuestro país sumó 10 mil 460 asesinatos con armas de fuego.

De acuerdo a la tendencia, en 25 años, el crecimiento del fenómeno de violencia armada en México pasó de ser el 15% del total de homicidios dolosos, al 70% en el total reportado en abril de 2022. Es decir, un crecimiento exponencial del 55%, además de que en 1997 se registraron 13 mil 500 homicidios, contra los más de 30 mil que se pronostican este año.

Entre los estados con mayor incidencia está Michoacán, Guanajuato, Estados de México, Baja California, Chihuahua y Sonora, incluso, tal radiografía coincide con el diagnóstico federal de violencia, pues en todos ellos hay uno o varios municipios catalogados como los más violentos del país, como es el caso de Tijuana, Ciudad de Juárez, Cajeme, León, Zamora y Ecatepec.

Sobre el origen de estas armas, el Gobierno mexicano estima que entre el 70 y 90% de las armas de fuego ilegales provienen de Estados Unidos, más de medio millón de armamento que aumenta los asesinatos en el país.

Como contexto, la producción anual de armas de fuego en Estados Unidos se ha casi triplicado en las últimas dos décadas, según un nuevo informe oficial del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), todo mientras se registran niveles sin precedente de muertes por armas de fuego como incesantes incidentes de tiroteos masivos en el vecino del norte, el último de gran impacto en Uvalde, Texas, donde murieron 19 niños y dos maestras el pasado 24 de mayo.

Sin embargo, el impacto en nuestro país es inherente a la feroz producción de armas. Por ello, el consultor jurídico del ministerio de Asuntos Exteriores de México, Alejandro Celorio, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirmó en abril pasado que México es el «quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar».

De acuerdo con cálculos del gobierno mexicano, cada año se transfieren medio millón de armas al país a través de la frontera compartida con los Estados Unidos y que actualmente México es el quinto país con más armas de fuego sin registrar en circulación, se estima que hay 13 millones de piezas, de acuerdo con estudios de organizaciones civiles como “Small Arms Survey”.

 En tanto, el Atlas de homicidios: México 2020, elaborado por México Unido Contra la Delincuencia, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), establece que el 52 por ciento de los asesinatos se cometieron en la vía pública, la mayoría de ellos en Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California y Michoacán.

Sin embargo, señala que en la mayoría de los casos se desconoce el tipo de arma utilizada, pues los datos recopilados por el Inegi sólo proporcionan este detalle en el 1.2 por ciento registrado.

Hasta el momento, poco o nada se ha avanzado en el tema del control de armas. Entre lo más relevante está que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representado por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el mismo secretario Marcelo Ebrard, reclama que medio millón de armas cruzan la frontera ilegalmente cada año y ubica el daño de la violencia en dos puntos porcentuales del PIB.

Según la demanda del gobierno de México en Estados Unidos, ocho compañías productoras de armas se encuentran en la querella, entre ellas algunas que son líderes del mercado como Beretta, Smith & Wesson, Colt y Glock, marcas que representan 7 de cada 10 armas ilegales en nuestro país.

La demanda tuvo su origen tras el tiroteo ocurrido en una tienda de autoservicio de El Paso, Texas, en agosto de 2020, en el que murieron varios mexicanos. Se trata de una acción de responsabilidad civil por daños en la que exigen que los fabricantes se conduzcan con el cuidado proporcional a la actividad que representan.